Los vecinos de Mataró (Barcelona) han organizado patrullas ciudadanas para combatir la delincuencia que, desde hace meses, no deja de aumentar en la ciudad. El Ayuntamiento ha advertido a los integrantes que estas patrullas “comportan riesgos tanto para su seguridad como jurídicos, ya que podrían incurrir en delitos de lesiones, coacción o retención ilegal”.
“El Ayuntamiento ha pedido Mossos a la Generalitat, pero el conseller de Interior dice que no puede enviar unidades fijas a Mataró”, cuenta Toni Solana, administrador del grupo de Facebook desde el cual se organizan las patrullas.
“No sólo roban en comercios, sino que roban a personas usando la violencia y aquí es cuando los vecinos hemos dicho ‘ya basta’”, comenta. Sin ir más lejos, el pasado jueves 5 de junio ingresó en prisión un hombre de 19 años por arrancar y robar dos cadenas de oro del cuello de una mujer que paseaba por la avenida América del municipio.
El Ayuntamiento reclama más efectivos de Mossos
El Ayuntamiento de Mataró ha pedido en numerosas ocasiones a la Generalitat que envíe patrullas fijas de Mossos d’Esquadra a la ciudad, pero desde el consistorio sostienen que únicamente les han enviado refuerzos puntuales y que, aunque en el momento se notan, no es una solución permanente.
“Tuvimos que celebrar una junta extraordinaria la semana pasada en presencia del conseller de Interior, Miquel Buch, que ha vuelto a hacer un refuerzo puntual, pero no un plan de choque como se ha hecho en Barcelona”, cuenta la concejala de Seguridad Pública, Anna Villarreal.
"No se puede poner toda la seguridad en una ciudad y abandonar otros municipios"
Desde el Ayuntamiento aseguran que el repunte de delincuencia se produjo cuando Barcelona inició su plan de choque para combatir los delitos en la ciudad. “Esto ha hecho que la delincuencia se haya extendido a otros municipios que están cerca de Barcelona y a los cuales es fácil llegar en tren”, aseguran.
“El alcalde sostiene que no se puede poner toda la seguridad en una ciudad y abandonar otros municipios”, señala Villarreal y añade que, en la junta de seguridad que se celebra cada seis meses, se han podido comprobar los datos del aumento de delitos y que la Generalitat los ha confirmado, “pero, aun así, sólo envían este refuerzo puntual”.
🎥 Quiero adquirir con vosotros un compromiso claro. Llevaremos estas reivindicaciones a todas las instituciones. pic.twitter.com/Zv5OE2jC2m
— David Bote Paz (@DBotePaz) May 29, 2020
La concejala de Seguridad Pública reclama también un cambio en la legislación. “La solución no es sólo policial, sino que deberían cambiar las leyes para que tengan en cuenta la reincidencia en delitos pequeños. Uno de los detenidos tenía 19 antecedentes. Esto es muy difícil de entender de cara al vecino y a nivel policial aquí poco podemos hacer”, explica.
Patrullas vecinales
Ante esta situación de falta de efectivos, los vecinos decidieron organizar estas patrullas ciudadanas. De momento, aseguran que no ha habido incidentes, aunque saben que el Ayuntamiento no está de acuerdo con su medida por los riesgos que conlleva y las situaciones de violencia que pueden provocar.
“Tuvimos una reunión con los vecinos y les comunicamos que estas tareas no las deben hacer los ciudadanos porque conllevan riesgos que no deberían asumir”, explica la concejala de Seguridad. “Nosotros les respondimos que sabemos cuál es la realidad, pero que la protección de nuestra ciudad va por delante”, señala Solana.
El Ayuntamiento emitió, además, un comunicado en el que agradecía a los vecinos su compromiso con la seguridad, pero trasladaba esta misma preocupación y remarcaba que la responsabilidad de la vigilancia y el patrullaje era exclusiva de los cuerpos de seguridad.
Por su parte, alrededor de 300 vecinos se congregaron el pasado sábado a las puertas del consistorio para reclamar más seguridad en el municipio.
Pisos ocupados
Algunos vecinos vinculan los hechos delictivos más recientes con algunos de los inmuebles ocupados de la ciudad. “Desde el Ayuntamiento no podemos decir si son ellos. Nos da igual quién sea. Sólo queremos más seguridad para poder atender cualquier tipo de delito”, apunta Villarreal.
El consistorio ha puesto en marcha un nuevo protocolo para abordar las ocupaciones conflictivas. Las actuaciones contemplan distintas líneas de trabajo, como continuar con las tareas de mediación y apoyo a propietarios y comunidades de vecinos y proceder al desalojo siempre que el estado de los inmuebles comporte riesgo para las personas.
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