Esta encuesta analiza -con una muestra de 1.500 personas mayores dedieciocho años cuya principal actividad económica esté incluida en ladinámica fiscal-, el comportamiento de los contribuyentes y suimplicación contra el fraude, la relación entre los impuestos y losservicios públicos, así como la imagen corporativa de Hacienda.

Los resultados señalan que para el 49% de los encuestados

la sanidad es el servicio público que más justifica el pago de impuestos, seguido de la educación (el 16 por ciento) y las infraestructuras (el 11 por ciento).

Además, para el 36% de los contribuyentes, la sanidad también es elservicio que más ha mejorado en los últimos cinco años, seguido de lasinfraestructuras (el 27% ) y la educación (el 14% ).

En cuanto a la percepción de los contribuyentes respecto alcumplimiento fiscal, más de dos tercios de los encuestados opina que elpago de impuestos mejoró en los últimos diez años y el 59% cree que hadisminuido el fraude.

En este sentido, el estudio señala que los españoles manifiestan quelos colectivos cuya actividad no está sometida a retención defraudan"sistemáticamente" a Hacienda, mientras que atribuyen más honestidadfiscal a los asalariados.

Así, el 68% de los encuestados opina que los empresarios defraudan aHacienda "habitualmente"; el 33% cree que lo hacen los profesionalesliberales y el treinta por ciento, los autónomos.

En este sentido, el 57% de los consultados cree que el fraude no sepuede justificar en "ningún caso", mientras el 34% considera que antedeterminadas circunstancias personales o laborales aprobarían hacerlopara "salir adelante".

Por otra parte, de los encuestados que consideran el fraude tieneconsecuencias negativas, el 34 por ciento cree que disminuye losrecursos para financiar los servicios públicos y las prestacionessociales y el 22 por ciento considera que obliga a aumentar la presiónsobre los que cumplen sus obligaciones.

No obstante, casi dos terceras partes afirma que en el caso de conocerfraudes fiscales no lo comunicaría a la Agencia Tributaria, aunque,declaran, no contratarían servicios con una empresa o un profesionalque figurara en una lista de defraudadores.