Los servicios sociales de los ayuntamientos recogen las solicitudes y las trasladan a la Junta. Desde que se pide la prestación hasta que se resuelve el expediente no pueden pasar más de seis meses, según la legislación. Antes, la persona solicitante recibe la visita de un empleado de la Junta que valora su situación.

Desde 2006 se ha contratado a 153 personas para reforzar los servicios sociales municipales de la provincia, así como para aumentar la plantilla de la Junta destinada a la Dependencia.

"Ya cumplimos los seis meses de plazo. Puede haber algún caso puntual en el que haya retraso, pero se arregla. Hay que tener en cuenta que los solicitantes tardan a veces en presentar toda la documentación necesaria y eso retrasa el proceso", cuenta la delegada provincial de Bienestar Social, Amparo Bilbao.

"2007 fue duro, pero las solicitudes han descendido en 2008. Antes en una semana recibíamos 500 y ahora son 100", detalla Bilbao. "Hemos invertido más de 60 millones de euros en la dependencia este año. Las prestaciones concedidas este año, según establece la Ley, sólo corresponden a los grandes dependientes y a los severos de grado mayor". Unas 17.600 personas de las más de 31.000 que han pedido ayudas corresponden a alguno de estos dos grupos.

A partir de 2009 se atenderán otros grados de dependencia más leves (dependientes severos de grado menor) y, por tanto, con mayor número de afectados. Bilbao no cree que se produzca una nueva avalancha de peticiones que llegue a colapsar de nuevo las oficinas municipales y autonómicas.

"De los 31.000 que han presentado solicitud, ya hemos valorado a 3.900 personas con grados menores de dependencia; aunque es normal que algunos empeoren su salud y evaluemos que están en el grado superior".

El 88% de los solicitantes ya han recibido la visita de los valoradotes de la Junta. Las prestaciones que pueden recibir son: ayuda económica para el familiar al cargo del dependiente (el 30% de las solicitudes), plaza en una unidad de estancia diurna o una residencia, teleasistencia, visitas de personal especializado para ayudarle en casa.

En toda Andalucía la Junta destinará 590 millones de euros para financiar la Ley de Dependencia en 2009, frente a los 270 millones previstos este año.

Unas 3.500 personas han sido dadas de alta en la Seguridad Social (contribuyen a pagar las jubilaciones actuales y adquieren derechos para disfrutar de una en el futuro). Sus cuotas y remuneraciones son abonadas por las arcas autonómicas. El sueldo y la cuantía del resto de prestaciones oscila entre unos 500 y 800 euros de media al mes, según Bilbao.

"El Ayuntamiento de Torremolinos no ha querido que los habitantes de ese municipio disfruten de las ayudas a domicilio previstas en la Ley. Y no ha dado ninguna explicación", zanja la delegada.

Javier Jiménez. 42 años.

«Yo trabajaba en una pescadería. Me diagnosticaron distrofia muscular progresiva y estoy en silla de ruedas. Mi mujer tuvo que dejar su empleo para cuidarme. Solicité la ayuda de la Ley de Dependencia en 2007 y me la dieron a los 10 meses. Podía elegir entre una persona que viniera a ayudarme a casa dos o tres horas al día, una plaza en una residencia o una ayuda económica para mi mujer. Elegimos esa última: 328 euros/mes»