Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo autonómico, Melania Álvarez, estos fondos pretenden facilitar la puesta en marcha de dos nuevos alojamientos en Gijón y la financiación de los gastos de personal, mantenimiento y gestión administrativa.
La medida se complementa con acciones de apoyo socioeducativo y atención sociosanitaria y psicosocial a las víctimas por un período de ocho meses y medio, mientras se normaliza la situación social provocada por la pandemia de la COVID-19.
La portavoz ha señalado que el confinamiento derivado de la emergencia sanitaria supone "un riesgo adicional" para las víctimas de trata y explotación sexual, ante la disminución de sus ingresos y la imposibilidad de mantenerse en los alojamientos habituales por falta de dinero.
Por esta razón, el Principado considera necesario aumentar el número de plazas destinadas a este colectivo, un servicio que presta habitualmente la fundación Amaranta y que en estos momentos se encuentra al límite de su capacidad.
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