Los 'populares' exigen también a la administración insular a destinar los 840.000 euros adicionales que cuesta la demolición de los puentes ya construidos a medidas económicas para ayudar a familias, autónomos y empresas que están sufriendo "de primera mano" los efectos de la crisis del COVID-19 "manteniendo las infraestructuras ya construidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos".
El PP ha considerado que la administración insular "no ha tenido en cinco años manera legal de echar hacia atrás un proyecto aprobado con todas las garantías jurídicas, con todos los informes favorables, siguiendo escrupulosamente la ley balear de carreteras".
"Ahora, con la clara intención de que pase desapercibido, utilizan un decreto ley destinado a medidas urgentes contra el COVID-19 para cambiar la ley de carreteras y poder demoler unas infraestructuras ya construidas", han criticado.
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