En un comunicado, la vicepresidenta primera de la Cámara y diputada de la formación, Gloria Santiago, ha considerado que las instituciones deben promover las medidas que sean necesarias "para dirigirse hacia la sociedad inclusiva que merece un país plural y diverso como el nuestro".

Además, ha recordado que en el Estatut d'autonomia se refiere a este lenguaje en su artículo 19 y recoge que las administraciones públicas deben garantizar el uso de la lengua de signos propia de las personas sordas, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto. Por ello, ha considerado vital que esta futura oficina asuma también el lenguaje de signos "para promover la diversidad lingüística y cultural".

El partido ha hecho hincapié en que la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad atribuye a los poderes públicos el deber de asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos los derechos humanos, mientras que la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas, exige garantizar los derechos lingüísticos de estas personas; y la ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, dispone como uno de sus principios fundamentales la igualdad de oportunidades.