En una rueda de prensa virtual, la AECP ha querido trasladar que se encuentran "preparados para acometer la tarea" que se les presume, admitiendo que asumen la "responsabilidad de ejercer como elemento tractor" para generar economía también indirecta e inducida.

Así, consideran que para "detener la sangría económica y la pérdida masiva" de empleo es necesario un Decreto Ley sobre un plan de estímulo específico para reactivar la economía vinculado al sector de la construcción a través de una estrategia integral en materia de edificación, obra civil; rehabilitación; establecimiento de procedimientos administrativos express en cuanto a licencias y permisos, licitación y adjudicación; o medidas para inyectar liquidez mediante anticipos contra certificaciones o prestación de avales, entre otras.

Todo ello con el objetivo de la reactivación económica, la creación y el mantenimiento del empleo, ya que matizó que el sector "es capaz de generar 1,92 euros por cada euro que se invierte en él, 15/18 empleos por millón de euros en obra civil y tres empleos por vivienda/cama turística o rehabilitación".

En este sentido, se consideró que "es hora de romper el mito de demonización al binomio turismo/construcción", ya que se trata de un sector "en permanente evolución, que se moderniza y avanza en innovación y que es una herramienta indispensable" para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Sobre ello, incide en que la eficiencia energética, la accesibilidad, el tratamiento, uso y consumo del agua, la constante búsqueda de materiales y procesos alternativos y el nuevo modelo habitacional son también sus objetivos.

PLAN DE ESTÍMULO

Centrándose en el plan de estímulo que reclaman, solicitan que incorpore las inversiones en obra civil por consejerías y calendario de ejecución, con pliegos de condiciones en los que se incluyan "criterios de calidad/precio" con el fin de "evitar a los subasteros virtuales y bajas desproporcionadas".

Al respecto, puntualizó que el 50 por ciento de las viviendas de Canarias, aproximadamente 520.000 inmuebles, se construyeron antes de 1980, por lo que defienden que una "acción masiva en materia de rehabilitación "nutre de sostenibilidad, empleo y retorno a la economía".

Asimismo, consideran que dicho plan de estímulo debería contemplar una "estrategia de choque" de construcción de viviendas protegidas públicas y privadas utilizando a VISOCAN como la herramienta "más ágil" de ejecución y al ICAVI "despojado de burocracia para la gestión administrativa de las calificaciones y ayudas".

En este sentido, se pide coordinación con las corporaciones locales "dándoles herramientas administrativas ágiles", ya que entiende que los 1.500 millones de euros anunciados por el Gobierno regional "pueden licitarse en un solo año", ya que aseguró que esto ocurrió entre los años 2007 y 2009, lo que "supondría la generación de 24.750 puestos de trabajo, eso sin contar con las inversiones locales".

Otro de los datos que aportó es que la inversión en este sector revierte el 62 por ciento en tributos y prestaciones.

La AECP pide además la modificación de la Ley del Suelo para establecer un "sistema express" de concesión de licencias, ya sea por la externalización o por mecanismos de aportación de fichas anexas a los proyectos de obra que aceleren el proceso de verificación.

Por último, se refieren a la instauración de anticipos a cuenta de las obras, una vez adjudicadas, contra certificaciones futuras y/o la prestación de avales por parte de la administración adjudicataria.

En el primer trimestre de este año la licitación oficial en Canarias ha caído un 55,7 por ciento, al igual que la contratación que ha descendido un 21,5 por ciento, si bien los ocupados en el sector aumentan un 2,92 por ciento entre enero y marzo de este año.