Instalar cámaras de seguridad en un instituto de Secundaria puede generar controversias entre la comunidad educativa, como ha sucedido en el caso de Abastos, en la ciudad de Valencia, donde los alumnos denuncian que las hay hasta en el baño de las chicas, lo que ha motivado la intervención de la Agencia de Protección de Datos. Sin embargo, hay centros en los que la medida ha servido para reducir los conflictos a la mínima expresión. Esto es lo que ha sucedido en el IES Riba-roja de Túria.

Los problemas empezaron hace algo más de un curso, cuando la falta de espacio hizo que convivieran 770 alumnos, cuando la capacidad del centro es de 300. Las agresiones entre alumnos se dispararon, así como la venta de droga en el exterior del recinto, los robos los fines de semana, pintadas, roturas de cristales...

La dirección tomó entonces la decisión de instalar las cámaras en los pasillos y en los perímetros interior y exterior del instituto. "Al principio, los alumnos nos quedamos sorprendidos y muchos cabreados, porque pensábamos que iba a ser una cárcel al estilo de Guantánamo", explica Empar, alumna de 1º de Bachiller de este centro.

"Las mediaciones en conflictos han bajado más de la mitad desde entonces", continúa Empar. "Ahora hay una indiferencia total", dice. En aquel momento no hubo protestas. "Les explicamos que era por su seguridad, para evitar asaltos y agresiones, y que no habría en los baños", añade la jefa de estudios, Dora Gorrea. Cuenta que sólo se miran cuando sucede algo. "Estamos contentos, no alteran la marcha del centro, y los que van a delinquir ya no se acercan por aquí", asegura.

El presidente del AMPA La Malla, José Figueres, puntualiza: "Si se hubieran puesto en los lavabos las arrancaría yo mismo. Estamos muy satisfechos porque se evitan robos y venta de hachís", concluye.

Recogerán firmas en el de Abastos

El Sindicato de Estudiantes ha anunciado que recogerá firmas contra la decisión de la dirección del instituto de Abastos de instalar cámaras de vigilancia en el centro, y para reclamar la dimisión del director por este hecho. Además, la organización tiene previsto presentar este jueves una denuncia ante la Inspección educativa. El acuerdo lo tomaron durante una asamblea que reunió ayer miércoles a 95 estudiantes, en la que reprocharon que "se gasten unos 30.000 euros en reconocimiento de huellas cuando las porterías de fútbol se caen a trozos". CONSULTA AQUÍ MÁS