El Parlament aprueba la realización de test en todas las residencias de mayores

La Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes del Parlament balear ha aprobado este miércoles por unanimidad una iniciativa del PP presentada para realizar pruebas de coronavirus en todas las residencias de mayores y centros de discapacitados.
Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes celebrada en el Parlament balear.
Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes celebrada en el Parlament balear.
PARLAMENT BALEARES
Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes celebrada en el Parlament balear.

La propuesta, presentada por la diputada 'popular' Marga Durán, ha contado con el apoyo de todos los partidos. En ella, se pide al Govern que realice de "forma urgente" test de COVID-19 en todas las residencias y priorice donde haya un repunte de casos o un índice superior al determinado por el gabinete técnico de la pandemia.

Durán, encargada de defender la iniciativa en la comisión parlamentaria, ha manifestado desde su primera intervención la voluntad del PP de llegar a un consenso porque "la situación que estamos viviendo requiere que seamos capaces de alcanzar acuerdos".

Además, ha recordado que el Govern intervino el 11 de abril dos residencias de la Tercera Edad y el "goteo de contagios y fallecimientos en las residencias ha sido constante" desde el inicio de la crisis.

"Habrá tiempo de evaluar cuál ha sido la gestión del Govern, pero ahora el objetivo es frenar los contagios para salvar vidas y para ello es esencial que se hagan pruebas a todos los usuarios y trabajadores", ha recalcado.

Por otra parte, el Parlament ha aprobado, también por unanimidad, una Proposición No de Ley (PNL) presentada por El PI de mejora de la asistencia sociosanitaria de los mayores en Balares. En este sentido, ha defendido la creación de la figura del Defensor del Mayor.

La portavoz parlamentaria de El PI, Lina Pons, ha explicado que se trataría de un profesional independiente y de acreditado prestigio con funciones de control sobre la actuación de las administraciones públicas, que vele por la calidad de vida de los mayores.

Pons lo ha definido como "una figura para denunciar posibles abusos y exponer sus quejas". "Es crucial que no se sientan, en ningún momento, desamparados", ha reivindicado Pons, a la vez que ha señalado que "es evidente que la población envejecida influye en el funcionamiento de la sociedad y es, por ello, que debe asumir una mayor trascendencia para los poderes públicos".

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