En síntesis, las funciones de la Diputación Permanente están limitadas a comparecencias a petición propia de los miembros del Gobierno o bien a peticiones de los grupos para que vaya a la Cámara -junto con alguna otra función-, pero la disolución del Parlamento por la convocatoria de elecciones que no tiene nueva fecha tras su aplazamiento, ha vaciado la capacidad del Legislativo para controlar de forma directa al Gobierno y para tramitar iniciativas de forma ordinaria.

No obstante, dadas las circunstancias, en las que se ha aplazado de forma inédita la convocatoria de elecciones para el 5 de abril por la crisis del covid-19, los letrados hacen una relectura del reglamento, a petición de todos los grupos de la Cámara. Así, los jurídicos concluyen que hay un grupo de iniciativas que, de por sí, tienen encaje en la Diputación Permanente para que se lleven a cabo de forma ordinaria.

De esta manera, pese a que la cámara está disuelta, los letrados sostienen que se podrían realizar solicitudes de información a través del artículo 9 (los parlamentarios tienen la potestad para pedir por este artículo del reglamento de la Cámara información a la Xunta que debe ser contestada obligatoriamente), preguntas al gobierno, comparecencias de miembros de la Xunta, declaraciones institucionales y los procedimientos legislativos previstos en los puntos 5 y 6 del reglamento del artículo 55 del reglamento --relativos a cuestiones presupuestarias-, junto con la admisión a trámite de iniciativas legislativas populares.

SUJETO A "CONSENSO POLÍTICO"

El informe incluye otro grupo de iniciativas que, no obstante, deben pasar por un "consenso de las fuerzas políticas", el cual a priori había voluntad de tener por parte de los partidos políticos. Encajarían en la expresión "velar por los poderes de la Cámara", en el marco de las normativas constitucional y estatutaria.

De esta manera, se podría llevar a cabo el "efectivo control e impulso" de la actividad del Gobierno hasta que se constituya el nuevo hemiciclo autonómico, "garantizando el equilibro constitucional y estatutario de los poderes". Por lo tanto, se podrían realizar interpelaciones, proposiciones no de ley, mociones y comunicaciones del Gobierno.

LAS QUE NO

Los letrados hacen un tercer grupo de iniciativas que sostienen que deben mantenerse al margen de este órgano que también funciona en los periodos no hábiles de la Cámara. Así, en este periodo de transición, debe haber "límites" que sean "infranqueables", grupo en el que se encuentran todos los proceso legislativos -salvo los mencionados del artículo 55 (relativos a presupuestos)-, la moción de censura, la cuestión de confianza y la investidura, junto con las comisiones no permanentes y designaciones parlamentarias.

En el informe jurídico, al que tuvo acceso Europa Press, no se pasa por alto que hay "una evidente laguna normativa" sobre este tema, puesto que no había regulación sobre el aplazamiento electoral en el ordenamiento jurídico gallego ni estatal. Así, para el análisis realizado se han tenido en cuenta el decreto de aplazamiento de las elecciones, su base consensuada políticamente, la participación de la junta electoral de Galicia antes de su expedición y dos referentes: la declaración del estado de alarma y de emergencia sanitaria.

CONSENSO DE LOS PARTIDOS

Tras decretarse el estado de alarma, las fuerzas políticas más representativas (incluidas la extraparlamentaria Ciudadanos) fueron citadas por el presidente de la Xunta para abordar la situación sanitaria y tratar de buscar una forma de reactivar la vida política, tras la disolución del hemiciclo el 11 de febrero.

El jueves 26 de marzo, los grupos parlamentarios mantuvieron un encuentro informal en el que pactaron elevar un escrito conjunto (algo que hicieron el lunes 30) a los servicios jurídicos de la Cámara para estudiar las posibilidades que se podían abrir en la situación atípica en la que estaba el hemiciclo.

El sentir general de todos los grupos entonces fue el de reactivar el Parlamento a través de un acuerdo político. Desde que se registró esta petición hasta que ha trascendido el documento jurídico han transcurrido tres semanas.

Desde la disolución de la Cámara, han comparecido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; la conselleira de Política Social, Fabiola García; y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.