La ciudadanía se rebela contra la posible liberalización del suelo rústico de las islas

  • Gran enfado social por los planes urbanísticos del ejecutivo canario.
  • La idea es sacrificar terreno agrícola para crecer más turísticamente.
  • Los ecologistas convocan una ciber-acción en contra de la iniciativa.
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"Que la gente pueda comer". Con esta frase tan conmovedora ha intentado justificar el presidente regional Paulino Rivero una Ley de Medidas Urgentes que pretende aprobar su gobierno en próximas fechas, contra los deseos de una representación importante de la sociedad isleña.

La Ley en cuestión es en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, y su mayor amenaza recae sobre el ya de por sí limitado suelo rústico de las islas; en favor, además, de un crecimiento turístico que podría resultar desproporcionado.

Al rechazo que en un primer momento abanderaron los ecologistas se ha terminado por sumar hasta el director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible, Faustino García Márquez, que el pasado días 22 anunció su dimisión por no estar de acuerdo con esta iniciativa conjunta de Coalición Canaria y Partido Popular.

El presidente Paulino Rivero se queda solo

Rivero ha defendido que la propuesta da condiciones mejores para la agricultura, ya que "regulariza 7.800 instalaciones ganaderas y libera 14 millones de suelo industrial cautivo". Además, ha indicado, no se permitirá la construcción de nuevos hoteles, a excepción de nuevas plazas alojativas en hoteles de 5 estrellas con carácter de hoteles escuela en un 10%.

Esta es la mayor crisis institucional de la historia de Canarias

Pero la oposición en la calle es cada vez más notoria. Los empresarios del turismo y el Colegio de Arquitectos de Canarias también se han posicionado en contra de esta normativa, igual que distintos sindicatos e incluso el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez.

El colectivo Ben Magec ha puesto en marcha una campaña para exigir la dimisión del consejero Medio Ambiente, Domingo Berriel, mediante una ciber-acción remitida a Rivero. Y anuncian que éste es sólo el principio de su presión al gobierno para que rectifique.

"Ésta es la más grave crisis institucional de la historia de la autonomía de Canarias, en lo que se refiere a la protección del medio ambiente y del territorio de este maltrecho archipiélago", aseguran.

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