El juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita, suspendido provisionalmente de empleo y sueldo el pasado mes de febrero por el Consejo General del Poder Judicial, ha pedido a este órgano que deje sin efecto tal medida porque, según alega, él y su familia, compuesta por nueve personas, no pueden subsistir.

"Si a un juez se le retira la mayor parte del único salario que entra en la unidad familiar, el perjuicio es evidente", indica Calamita en el escrito en el que reclama al CGPJ que deje sin efecto la suspensión hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo.

Según relata, se le ha condenado "a trabajar en la denominada economía sumergida para dar de comer" a su familia. "O a abandonar la carrera judicial".

La comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces ha analizado hoy la petición de Calamita y ha acordado proponer al pleno que la rechace, según han fuentes del Consejo.

El CGPJ acordó el pasado 19 de febrero suspender al juez de Murcia después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia admitiera la querella presentada contra él, por retrasos, por una mujer que hacía casi dos años había iniciado un expediente para adoptar a la hija de su mujer.

La suspensión de funciones es provisional mientras dure el procedimiento penal y hasta que recaiga sentencia en él o se archive el caso y es la primera acordada a partir de una querella de parte y no del propio fiscal.

En la citada querella se indicaba que el juez había dilatado "de manera maliciosa" el caso.

Ferrín Calamita asegura por su parte que tiene la conciencia muy tranquila y dice que sabe que no ha cometido delito alguno.

"Con una nómina de 0 euros el primer mes (según me ha comunicado la Gerencia) y de unos 1.200 euros los siguientes, es evidente que no se puede subsistir", añade el juez, que afirma que se le está condenando de antemano al paro y explica que dicha cantidad es precisamente la que por término medio se gasta la unidad familiar al mes sólo en alimentación.

Ferrín Calamita está pendiente de juicio en esta causa, en la que el fiscal ha pedido en su escrito de acusación 18 años de inhabilitación, al considerar que cometió un delito de retardo malicioso en la adopción de la menor, adopción finalmente aprobada por el juez que sustituyó al expedientado después de que éste hubiera sido apartado del cargo.

A principios de marzo, el CGPJ impuso una multa de 600 euros a este juez por usar expresiones extravagantes en un auto, en el que denegó la custodia de dos hijas a una madre por su supuesta homosexualidad.