El departamento ha informado en un comunicado de que el centro -hasta ahora gestionado por una entidad privada- pasará a estar administrado por la fundación pública municipal Vilaniu, y ha designado un funcionario para "supervisar y coordinar las medidas adoptadas y garantizar su actividad".

Los informes del responsable del centro y de los servicios de inspección del departamento han determinado que la residencia presenta "una situación excepcional por la falta de trabajadores que le impide prestar un servicio adecuado".