La Agencia Europea de Control de Pesca, ubicada en Vigo, contará con un presupuesto de 8,1 millones de euros para el próximo año, con los que iniciará sus actividades de coordinación y formación de los inspectores de cada país miembro.

Así lo confirmó hoy el director ejecutivo de la Agencia, Harm Koster, tras la reunión del Consejo de Administración de este organismo, en la que se aprobaron las cuentas para 2009, el programa de trabajo para los próximos meses y el nombramiento del nuevo presidente, que será el francés Serge Beslier, en sustitución de Marcelos Vasconcelos.

Según explicó Koster en la rueda de prensa, el próximo año se llevarán a cabo las primeras acciones de coordinación de las operaciones de control e inspección en los países bálticos y nórdicos, que luego se extenderán a las pesquerías de atún rojo en el Mediterráneo y Atlántico Oriental, y a las aguas de NAFO.

La Agencia iniciará en 2009 los planes de formación para los inspectores de cada país, y hará un inventario de los medios disponibles para llevar a cabo esa labor de control. Asimismo, creará un observatorio para evaluar las metodologías de control, un centro de seguimiento de datos, y un centro de formación y desarrollo, entre otras actividades.

Harm Koster recordó que el Consejo Europeo adoptó una nueva reglamentación para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que entrará en vigor a partir de enero de 2010, por lo que la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca dedicará los próximos meses a "ultimar los preparativos para que dicha normativa se aplique eficazmente en cada uno de los países miembros".

Harm Koster confirmó que, en la actualidad, trabajan 46 personas en la oficina que la Agencia tiene en Vigo, aunque en las próximas semanas se incorporarán nuevos efectivos, hasta un máximo de 55 hasta el final del año 2008. Asimismo, explicó que el 35 por ciento del personal se dedica a labores administrativas, mientras que el resto trabaja en el ámbito operacional, y que hay un total de 25 coordinadores para los inspectores de todos los países miembros.

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