Esa decisión sin precedentes ha pillado a los rectores por sorpresa, de manera que varios de estos centros han debido recurrir al dinero de las tasas de matrículas ingresadas por los alumnos en septiembre para pagar a todo el personal (profesores funcionarios y contratados y personal de administración y servicios)

Además, los centros no fueron avisados de esta reducción. El 30 de septiembre -al día siguiente de que recibieran el ingreso menguado de la Comunidad- la consejera de Educación, Lucía Figar, les convocó para comunicarles que ésta va a ser la situación al menos hasta el año que viene.

Los rectores no pueden hacer frente a las nóminas sin esta partida, según fuentes de las universidades. El recorte hasta diciembre va a ser de unos 108 millones de euros y afecta al denominado Capítulo I, con el que se pagan los gastos de personal. La Complutense, por ejemplo, recibió en septiembre unos nueve millones de euros menos, la Politécnica, cinco menos; la Autónoma, 3,7 millones menos.

Figar se lo planteó a los rectores como un recorte de un 10% anual, pero aplicado desde septiembre con carácter retroactivo, y les dijo que lo "dieran por perdido", según fuentes de las universidades. En esa reunión del día 30 los rectores respondieron varias veces y con claridad que no aceptaban la reducción, que no van a poder hacer frente a las nóminas.

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, había visto a los rectores unos días antes, pero les dijo algo muy distinto. Desayunó con ellos el 26 de septiembre en la Complutense antes de la inauguración del curso universitario madrileño. Reconoció que había dificultades y les dijo que tendrían que apretarse el cinturón en los gastos de infraestructuras y en los incentivos, pero no dijo nada de los gastos corrientes. Las universidades temen la alarma social.