La norma llamada a revolucionar los Servicios Sociales en la comunidad, que asignará asistentes sociales a los gallegos, todavía no tiene plazos de ejecución. La Xunta aún no ha decidido cuándo entrará en funcionamiento uno de sus proyectos más ambiciosos en esta legislatura, una ley que pasó ayer su último trámite parlamentario antes de que se apruebe definitivamente. Vicepresidencia, su impulsora, reconoce que "la complejidad" de la norma impide dar una fecha concreta. El texto traerá cambios en el día a día del ciudadano. Como si fuese la tarjeta sanitaria, una

Las sanciones, clave

La ley, eso sí, no se olvida de las sanciones. Es más, son uno de sus elementos clave, según apuntan en Vicepresidencia. Un mal uso de los programas o servicios se penará con multas que llegan a los 6.000 euros e incluso con la imposibilidad de acceder a la financiación pública durante cinco años. Lo que recaude la Xunta con estas sanciones irá destinado "a mejorar el servicio con nuevas prestaciones", por lo que repercutirá "directamente" en el ciudadano, como aseguran en la Xunta.

La ley, además, no será inamovible. Vicepresidencia pretende elaborar un plan estratégico cada seis años para adaptarla a nuevos supuestos. De hecho, ya dejó que los ciudadanos aportasen sugerencias para el nuevo texto en su web.

Requisitos

Las nuevas prestaciones beneficiarán a todos los europeos que estén empadronados en Galicia, el único requisito para los beneficiarios que marca la ley. Aunque, recalcan los impulsores, el nuevo sistema de servicios está abierto a toda persona "en situación de emergencia".

Un agente por cada 10.000 residentes

Las previsiones de la Xunta, que ve "susceptible de mejorar" el texto, son que haya un agente social por cada 10.000 habitantes en los núcleos urbanos gallegos y uno por cada 3.000 en los núcleos rurales, donde los vecinos están más repartidos por el territorio. Además, Vicepresidencia cedió ante las reclamaciones de los municipios, y no obligará por ley a que éstos cedan al Ejecutivo gallego el 7% de su presupuesto en materia de Servicios Sociales para desarrollar la nueva ley.

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