El Gobierno de España quiere mejorar la normativa que regula el servicio de emergencias 112 para atender con más eficacia a la población en general, pero sobre todo a la que reside en zonas rurales, donde las telecomunicaciones suelen ser tener menor cobertura, en los casos de que se produzcan situaciones de riesgo o alerta. 

Para ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende introducir antes de que finalice este año dos novedades en este servicio público que obligarán a los operadores de telefonía (Movistar, Vodafone, Organge...) a mejorar la tecnología que actualmente proporcionan. Esta obligación ya viene contemplada en la directiva europea por la que se establece el Código de Comunicaciones Electrónicas.

En la actualidad, la normativa fija que los operadores de telefonía tanto móvil como fija que los ciudadanos puedan cursar llamadas al 112 al tratarse de situaciones de emergencia, independientemente de si su teléfono tiene saldo o cobertura. En zonas urbanas, donde hay gran cantidad de redes, la localización que realizan los servicios de emergencia de un aviso es muy precisa. 

Sin embargo, en zonas rurales, donde hay menos densidad de redes, situar a una persona es muy complicado al localizarla en áreas de varios kilómetros, lo que complica ofrecer una respuesta inmediata en situaciones de riesgo, como un rescate de montaña. Por ese motivo, el Gobierno quiere que la geolocalización en estas zonas sea más precisa por medio de GPS o wifi. Esto redundará en una mayor rapidez en la llegada al lugar para atender las emergencias. 

"De esta manera podemos pasar de una señal que por las redes de telefonía móvil nos dé una localización de kilómetros cuadrados a una localización de decenas de metros incluso en zonas rurales o poco pobladas", han señalado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de quien depende la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que es quien se está encargando de llevar a buen puerto estas novedades. 

Por otro lado, el Ejecutivo implantará un servicio de alertas para la población, que no existe en la actualidad y hubiera sido muy eficaz en el incendio de Tarragona, donde hubo fallos en la comunicación a los vecinos del suceso. Se trata de un sistema que informará a través de las redes móviles a todas las personas que se encuentran en una zona donde se ha producido un suceso, como por ejemplo un incendio o una explosión, de las medidas que tienen que adoptar. 

En principio, la información se recibirá en los teléfonos móviles como un pop-up, aunque se está estudiando cómo hacer llegar la información a personas que no dispongan de un smartphone. 

"Esto va a significar una mejora sustancial para las personas que viven en zonas despobladas y les permitirá aproximarse al nivel de los servicios que puede tener un ciudadano que en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, sobre todo en servicios tan básicos como el de emergencias y alertas a la población", han valorado desde Economía. 

Estas dos iniciativas están en la actualidad en fase de consulta previa y la previsión es que serán aprobadas por Real Decreto antes que acabe el año.