El canon hidroeléctrico, que la Xunta pretende que entre en vigor en 2009, tiene el objetivo de gravar a los generadores del impacto de los embalses un coste que ahora recae en el conjunto de la sociedad.

El anteproyecto de Ley del Impuesto sobre el Daño Medioambiental Causado por Determinados Usos y Aprovechamientos del Agua Embalsada fue remitido por la Consellería de Economía al Consello Económico y Social el pasado 24 de julio.

En la exposición de motivos, se recuerda que la conservación del medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales situados en el territorio de la Comunidad Autónoma es uno de los principios básicos para impulsar un crecimiento económico sostenible.

Para ello, la futura Ley dota a los poderes públicos de un instrumento que contribuirá a preservar el patrimonio fluvial de Galicia, al someter a tributación los efectos medioambientales causados sobre la flora y la fauna de los causes de los ríos, sobre la calidad de las aguas y sobre las riberas y los valles asociados al ecosistema fluvial, como consecuencia de la realización de actividades que emplean aguas embalsadas.

En la filosofía de la norma se recoge la idea de que este impuesto incide en la correcta atribución de los costes a sus generadores, cuando en la actualidad están soportados por el conjunto de la sociedad gallega.

La norma excluye aquellas actividades que provocan una alteración reducida y las cuotas se establecerán por aplicación del tipo trimestral de 800 euros por Hm3, en función de la magnitud de la modificación en el medio con la capacidad volumétrica del embalse como parámetro principal y una cuota que se minora en función del mejor aprovechamiento energético del agua ante un mismo impacto.

Además, no estarán sujetos a este gravamen los abastecimientos de poblaciones, actividades agrarias, acuicultura, actividades recreativas y navegación y transporte acuático.

La recaudación, que el presidente de la Xunta cifró hoy entre diez y quince millones, se destinará a financiar las actuaciones y medidas encaminadas a la prevención y protección de los recursos naturales, así como a la conservación, reparación y restauración del medio ambiente y, en especial, al patrimonio natural fluvial gallego directa o indirectamente afectado por los daños.

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