La trama disponía de más de 60.000 clientes, en su mayoría miembros de la comunidad británica afincados en el Levante español, que pagaban unos 590 euros por los gastos de instalación, más unas cuotas mensuales de entre 18 y 22 euros, dependiendo de los canales contratados.

En la operación "Cimitarra", han sido detenidos 14 integrantes de la red, ocho españoles, tres británicos, un bielorruso, un rumano y un ruso, que captaban la señal de los canales y los emitían en la costa levantina sin pagar los derechos correspondientes y sin declarar los beneficios a la Hacienda Pública.

En los 22 registros practicados se han incautado equipos informáticos, material técnico de recepción y emisión de televisión, decodificadores, mezcladores y 5 millones de euros en metálico.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por un representante de Sogecable, tras detectar que determinados canales británicos de Alicante emitían contenidos cuyos derechos en España corresponden en exclusiva a esta plataforma digital.

Tras investigar la infraestructura utilizada por la organización, se pudo comprobar que en una nave situada en un polígono industrial de Algorfa (Alicante), la banda disponía de antenas parabólicas y decodificadores, contratados en el Reino Unido e Irlanda.

Estos medios técnicos permitían captar la señal de varias cadenas británicas de televisión por satélite, que descodificaban y volvían a codificar utilizando un sistema denominado IRDETO, para posteriormente distribuirla a sus clientes de la costa desde Benidorm hasta la localidad de Vera (Almería) a través de una red de repetidores propios.

La red desarticulada declaraba un número muy inferior de suscriptores a los que realmente tenía y además distribuía ilegalmente la señal en territorio español, sin disponer de los derechos para ello.

La instalación en el domicilio de los clientes consistía en una antena específica para las frecuencias de emisión utilizadas y un aparato decodificador que únicamente funcionaba con una tarjeta con numeración única para cada cliente, lo cual hacía posible cortar la señal en caso de falta de pago.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja (Alicante).

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