Así lo ha expresado Santiago en una comparecencia, pedida por el grupo parlamentario 'popular', en la Diputación Permanente de la Cámara balear sobre los presuntos casos de explotación sexual a menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), dependiente del Consell de Mallorca.

Santiago ha destacado que Baleares es la primera comunidad que tiene registrada la explotación sexual infantil, una situación que, según ha lamentado, ha crecido "de forma considerable". También ha criticado que la Policía Nacional y a la Fiscalía "les falta personal" y ha abogado por una reforma de la normativa interna que considere a estos niños "como prioritarios".

Por otro lado, Santiago ha defendido que el Govern ha trabajado "desde el primer momento" en la causa y ha explicado se han reunido "periódicamente" con los Consells insulares para "mejorar" los protocolos, que, según ha matizado, "no son estancos, sino vivos". "Hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer", ha dicho.

Asimismo, también ha comparecido para informar sobre los despidos a empleados por conductas sexuales inapropiadas en centros socioeducativos de menores judicializados, dependientes del Ejecutivo autonómico. Sobre ello, ha reconocido que "no hay garantía de que no puedan volver a pasar" si bien ha asegurado que "sí que existe una estructura para detectarlos y actuar con contundencia".

Santiago ha explicado los cinco casos de despido de empleados, cuatro mujeres y un hombre, por "conductas sexuales inapropiadas" en dichos centros socioeducativos entre los años 2016 y 2019. "La decisión política es el despido para dar un mensaje claro", ha dicho Santiago, añadiendo que el Govern ha actuado con "la máxima diligencia" al "detectar las consultar absolutamente inadecuadas".

Santiago ha añadido que, además, se han realizado mejoras en los centros de titularidad del Govern -Es Pinaret, Es Mussol y Es Fusteret- que han facilitado "el cambio de dinámicas" como, por ejemplo, la contratación de más personal, la instalación de más cámaras de seguridad (de 16 a 63) y la separación por sexos.

Con todo, Santiago ha dicho que desde el Govern impulsarán formación selectiva para los profesionales, una red de expertos para que valoren continuamente la situación, se continuará con la coordinación interdepartamental para mejorar el protocolo para que en 2023 sea otro, se desarrollará la ley de la Infancia y la Adolescencia y se fomentarán más programas comunitarios y equipos específicos.

Por lo que respecta al Estado que todos los fiscales de menores tengan acceso al registro unificado de maltrato infantil, que se diferencie entre abuso sexual infantil y explotación sexual infantil y que se dote de más fiscales de menores y jueces.

EL PP, CS Y VOX PIDEN A SANTIAGO QUE ASUMA SU RESPONSABILIDAD

La diputada 'popular', Marga Durán, ha exigido a Santiago que "asuma su responsabilidad" por los presuntos casos de explotación y, en este sentido, ha pedido que dimita de su cargo.

"Usted siempre encuentra una excusa, un protocolo u otra institución a quien culpar", ha criticado Durán, a la vez que ha añadido que las declaraciones de Santiago durante los últimos días han sido "sencillamente vergonzosas, cero autocrítica y cero asunción de responsabilidades".

En esta misma línea, el diputado de Ciudadanos, Maxo Benalal, ha considerado que "la única respuesta que se puede dar a la ciudadanía es que los responsables pongan sus cargos a disposición de forma inmediata".

Asimismo, Benalal ha acusado al Govern de "una falta de transparencia preocupante" por lo que la formación naranja ya ha solicitado, mediante iniciativa parlamentaria, la creación de una Comisión de Investigación en el Parlament "para esclarecer los hechos y la eficacia de los protocolos de los centros socio educativos".

De hecho, Vox también ha registrado la solicitud para llevar a cabo una Comisión de Investigación sobre los casos de menores tutelados que han sido víctimas de explotación sexual en Baleares.

El diputado de Vox al Parlament, Sergio Rodríguez, por su parte, también se ha posicionado en una postura similar y ha pedido la dimisión de Santiago y ha exigido, asimismo, "la máxima transparencia".

En esta línea, Vox ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament para pedir al Consell de Mallorca una "auditoría independiente para conocer el funcionamiento, necesidades y deficiencias que puedan existir" en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), "así como la gestión económica del mismo".

El diputado de El PI, Jaume Font, ha considerado que "quizá no Sánchez" pero "alguien sí que debería de asumir la responsabilidad", técnicos o políticos.

La diputada del PSIB, Sílvia Cano, ha defendido la necesidad de "repensar y reforzar" todo lo que al alcance para "evitar poner los menores en riesgo, reforzando protocolos y coordinación interinstitucional y fomentando el cambio cultural y educativo en las relaciones sociales, sexuales y afectivas para prevenir abusos y violaciones".

Además, Cano ha concluido que ha habido "tolerancia cero" por parte del Govern con las conductas inapropiadas en los centros de menores, apartando los trabajadores de los jóvenes con conductas inadecuadas, despidiéndolos como sanción disciplinaria y derivando a la justicia los diferentes casos.