Las mujeres gallegas podrán aboratar en «todos» los centros públicos de Galicia partir de finales del próximo año. Así lo anunció hoy la Consellería de Sanidade en respuesta a una pregunta del BNG.

En la actualidad la interrupción del embarazo sólo se practica en los complejos hospitalarios universitarios de A Coruña, Vigo, Ourense, Monforte y Barbanza. En Santiago y Lugo esta atención se inició hace tres meses, mientras que en Pontevedra la Xunta se ha comprometido a ponerlo en práctica a partir del próximo mes de octubre.

A lo largo del pasado año 2007 en los centros gallegos se realizaron 2.369 abortos, pero sólo 360 de ellos se materializaron en hospitales públicos. En conjunto los abortos se repartieron entre las clínicas privadas Castrelos, Gelme y Faos y los hospitales de Ourense, A Coruña y Vigo. Entre las mujeres que interrumpieron su embarazo, una de cada tres no superaba los 24 años.

Por este motivo, la secretaria general de la Consellería de Sanidade, Pilar Fernández, recordó la necesidad de potenciar la prevención de los embarazos que no son deseados. Según la secretaria, es una cuestión «primordial» garantizar un «adecuado nivel de calidad y homogeneidad» en la práctica del aborto.

La promesa se repite

Este compromiso ratificado ayer por Sanidade se había realizado ya en abril de 2007. Entonces se dijo que se crearían equipos específicos de médicos en cada hospital dispuestos a practicar abortos, de forma que todos los hospitales públicos contasen con este servicio.

Sin embargo, la promesa no se llevó a la práctica por la resistencia de buena parte de los médicos y demás personal sanitario a realizar esta práctica.

La nueva Ley de Aborto, a estudio

Los grupos parlamentarios, a excepción del PP y con la abstención de CIU, acordaron hoy la creación de una subcomisión que abordará la nueva Ley del Aborto para modernizar la norma actual.

Para evitar que las afectadas y los profesionales que practican los abortos se sientan perseguidos, han planteado la necesidad de que se garantice la confidencialidad y la seguridad jurídica de estas personas, así como la equidad y accesibilidad de la prestación en toda la red sanitaria pública y concertada de España.

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