Los 70 proyectos del Plan Viario Integral de Vigo han levantado preocupación en los concellos por los que discurren los 350 km de vías afectados. La principal queja es la falta de concreción del plan y de estudio pormenorizado de cada zona. De hecho, la conselleira de Política Territorial, María Xosé Caride, reconoció que algunos trazados tendrán que ser modificados, “pero a necesidades deses viais mantense”.

Una de las actuaciones que ha levantado más polémica es el paseo con carril bici que se pretende construir en la PO-325 que une Vigo y A Ramallosa, una carretera que actualmente carece espacio para los peatones y es insegura para los ciclistas. La plataforma de afectados por este proyecto presentaron esta misma semana 700 alegaciones porque según ellos hay 3.000 perjudicados y medio centenar de empresas en las 791 parcelas que atravesará el paseo.

Caride aseguró ayer que el plan no toca “nin empresas, nin naves, nin vivendas” y que lo máximo que se llega a expropiar son muros y “algún garaxe”. La conselleira indicó que se estudiarán todas las alegaciones y que se tendrán en cuenta las peticiones del concello de Nigrán de sustituir terraplenes por muros, así como cambiar la glorieta del cruce de Patos por otro tipo de solución.

Proyectos similares al paseo entre Vigo y A Ramallosa son los que se realizarán entre Baiona y A Guarda (ya redactado y a punto de adjudicarse) y el de A Ramallosa a Gondomar (cuya asistencia técnica está ya adjudicada).

Algo más de fuerza tuvieron las 6.000 alegaciones en contra de la circunvalación planteada en Gondomar. En este caso se trata de uno de esos proyectos que la Xunta plantea pero que son titularidad del Concello y por lo tanto, es éste el que decide. Caride asumió que “nós tamén nos equivocamos” y que se modificará el trazado. La Xunta estudiará si se puede mejorar la capacidad del vial que une Gondomar y Tomiño para unirlo con Vincios sin pasar por el centro.

Moaña también ha plantado cara al plan. Entre otras cosas, pide una definición nueva de la circunvalación. Aquí, el estudio informativo ya está adjudicado y la Xunta se muestra partidaria de algunas variaciones en los modelos de construcción, tales como el cambio de terraplenes por viaductos.

La Xunta asegura que el 62,5% de los proyectos que le toca ejecutar a la administración autonómica dentro del plan ya están iniciados. Esto se corresponde con 111 km de vías y 290 millones de euros.

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