Tras varios aplazamientos por falta de documentación, ambos serán juzgados este lunes y se enfrentarán a una petición de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, pena que les solicita tanto la Fiscalía como la empresa pública Cantur.
El ministerio público acusa a Higuera de haber realizado, en su condición de director general de Cantur, varios contratos entre 2010 y 2011 con una empresa de la que era administrador y socio Sámano, al que en aquel momento también era gerente del ente público Consorcio para los Museos de Prehistoria, Arqueología y Bellas Artes.
Según el escrito de la Fiscalía, "los contratos celebrados suponían un fraccionamiento consciente y deliberado en la contratación" y su finalidad "no era otra que la de eludir los principios de libre concurrencia y publicidad que deben imperar en la contratación administrativa".
En este sentido, el fiscal explica en su escrito de conclusiones provisionales que ese extremo era "plenamente conocido y asumido por ambos acusados pues, ambos por sus cargos, sabían que por debajo de un determinado importe del servicio contratado se podía acudir a la adjudicación directa".
En concreto, la Fiscalía se refiere, en el marco del Anteproyecto Cañones de Nieve de Alto Campoo, a varios contratos que individualmente no superaban los 60.000 euros y respondían a un mismo objeto de contratación.
Para el fiscal, estos hechos constituyen un delito continuado de prevaricación administrativa cometido por el director general de Cantur en concepto de autor y por el segundo acusado como cooperador necesario.
Entiende el ministerio público que procede imponer una condena a cada uno de ellos de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. También acusa en este pleito la propia entidad CANTUR, que coincide con la fiscalía tanto en la calificación jurídica como en la pena solicitada.
Esta causa contra Higuera y Sámano, ambos nombrados por el PRC siendo Javier López Marcano consejero de Cultura, Turismo y Deporte, tiene su origen en la comisión de investigación del Parlamento sobre Cantur, impulsada por el PP al llegar al Gobierno regional en 2011 tras dos legislaturas de coalición PRC-PSOE, y la posterior denuncia de la Fiscalía.
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