Ángel de Cabo, que se enfrenta a cinco años de cárcel por una estafa en València, se defiende: "Yo no vacío sociedades"

En concreto, en esta causa valenciana se le acusa de engrosar su patrimonio mediante la adquisición de empresas en grave situación económica a un precio "irrisorio" -un euro- bajo la promesa de sanearlas, "si bien su única finalidad era menoscabar el patrimonio ajeno apoderándose de las mercantiles y vaciándolas mediante su descapitalización", mantiene el ministerio público.

De Cabo, condenado en 2015 por la Audiencia Nacional a cinco años de cárcel por despatrimonializar Marsans -cuyo propietario era Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE- en perjuicio de acreedores, se ha sentado en el banquillo por un delito de estafa junto a otras dos personas más, dos trabajadores suyos a los que el ministerio fiscal considera cooperadores necesarios y para los que reclama dos años y medio de prisión.

De Cabo ha afirmado que se han vertido sobre él "un montón de falsedades" y ha negado que se presentase como un abogado experto ante las presuntas víctimas del fraude: "Todo el mundo dice que me presento como abogado y es mentira. Nunca me presento así. No soy abogado, aunque tengo muchos abogados", ha aseverado.

Ha reconocido que en 2011 adquirió varias sociedades de dos hermanos -los querellantes- por el precio de un euro: "Las empresas pasaban a mi nombre y actuábamos en consecuencia. Lo hice así con miles de empresas que se vieron afectadas por la crisis y que se vendían por miedo a todo lo que habían hecho", ha expuesto.

Según contempla la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, De Cabo se valió de una apariencia de solvencia y conocimiento en derecho concursal y se presentó a las víctimas, representantes de varias sociedades con un grave deterioro patrimonial, para encargarse de la gestión de las empresas con el fin de sanearlas.

Para ello, "con evidente ánimo de lucro", según la fiscal, compró las entidades por un euro cada una y pasaron a ser propiedad de una mercantil de la que era administrador único. Con la venta de estas sociedades se transmitían también 159 fincas, algunas de ellas hipotecadas y otras, sin embargo, se hallaban libre de cargas.

Tras esta actuación, De Cabo, ayudado por los otros dos acusados en este procedimiento, no cumplió con las condiciones estipuladas con las víctimas y el patrimonio de éstas quedó en poder del empresario o de sociedades controladas por él.

De Cabo, añade el escrito provisional de Fiscalía, no llegó a tramitar el concurso de acreedores de las sociedades y, además, suscribió en su propio beneficio un contrato de prestación de servicios por importe de 9,2 millones de euros y un reconocimiento de deuda de 9,6 millones garantizado con la hipoteca de 68 fincas.

"LA DEUDA EXISTÍA"

El acusado se ha defendido y ha insistido en que no ha estafado a nadie y en que no ha generado ninguna deuda en las sociedades cuestionadas. "La deuda existía. Lo digo yo y los auditores", ha apostillado.

También ha acusado a las presuntas víctimas de "haber vaciado" las sociedades, "no yo", ha puntualizado. "Yo no vacío las sociedades", ha expuesto en un tono exaltado por el que la presidenta del tribunal le ha tenido que llamar la atención en varias ocasiones. "Las empresas las he garantizado para darles viabilidad, no he estafado", ha reiterado.

PROCEDIMIENTO CONTRA DE CABO EN SANTIAGO

De Cabo tiene abierto otro procedimiento judicial en Santiago de Compostela por hechos similares -descapitalización de empresas propiedad de los supuestamente estafados- y su letrado, Juan Carlos Navarro, ha aprovechado las cuestiones previas de la vista para pedir una instrucción complementaria, o que la causa valenciana se remita a Santiago.

En concreto, el abogado se ha referido a un informe pericial que obra en el procedimiento de Santiago y que fue aportado por los querellantes que advierte de que el en contrato firmado con De Cabo para la compra de las sociedades por un euro no hubo engaño. Extremo que los querellantes no defienden en València.

El ministerio fiscal se ha mostrado conforme en que se hiciera una instrucción complementaria tras la aparición del informe pericial, y la acusación particular se ha opuesto y ha afirmado que la defensa tiene "mala fe procesal" por presentar hoy nuevos documentos y testigos, a la par que ha alegado indefensión. El tribunal ha ordenado el inicio de juicio, que se prolongará durante más sesiones, con lo que las cuestiones previas planteadas se resolverán en sentencia.