Según ha informado la confluencia en una nota de prensa, la edil ha recordado que, de los 179 autobuses que dan servicio en Granada, 100 tienen doce años de antigüedad, sobrepasando en dos años la vida útil de este tipo de vehículos.

"La falta de renovación de la flota de la Rober está obstaculizando la vida autónoma de las personas en sillas de rueda y al resto de viajeros", ha asegurado.

En este sentido, Cabrerizo ha apuntado que las "rampas envejecidas y deterioradas" suponen una vulneración de los derechos de las personas con movilidad reducida que "pagan su billete pero no obtienen un servicio de calidad, quedándose en muchos casos sin poder subir al autobús cuando la rampa no funciona".

Según ha asegurado la concejal, la ficha técnica de los autobuses dice que deben ser renovados cada diez años, por lo que seis de cada diez autobuses que prestan servicio en Granada están ya fuera del plazo de vida útil de este tipo de vehículos.

"La falta de renovación de la flota se debe a que el Ayuntamiento permite que la empresa concesionaria no haga las aportaciones firmadas en el contrato", ha subrayado Cabrerizo.

La confluencia ha vuelto a insistir que los grandes contratos como el servicio de transporte urbano deben ser gestionados directamente por el Ayuntamiento de Granada, para que sus beneficios recaigan en mejorar la calidad del servicio público, "no en aumentar la cuenta bancaria de intereses privados".

"No estamos en contra de que las empresas ganen dinero, pero no puede ser a costa de la vida cotidiana de la gente y de los derechos de las personas más vulnerables", ha concluido Cabrerizo.