La iniciativa fue elevada, a través de la Comisión de Peticiones, por el dirigente autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, que defendió ayer su postura en Bruselas, y que reclama que se investigue si el Gobierno ha actuado de conformidad con la legislación de la Unión al dar su aprobación al proyecto de prospección minera 'Salia'.

En su exposición, el dirigente de IU defendió la posición de su formación en relación a las prospecciones mineras en Cantabria, argumentando "los inconvenientes, riesgos y conflictos" que esta actividad supondría.

Así, según ha explicado en nota de prensa, alegó el riesgo "cierto" que supone la minería para el patrimonio rupestre de Cantabria, en concreto, señaló la situación de Altamira, Patrimonio de la Humanidad desde 1985, en el área de influencia de 'Salia', reclamando la vigencia del principio de precaución ante un agente "cultural e histórico de nivel mundial".

Al término del debate y después de que la Presidencia de la Comisión de Peticiones comprobara la "falta de información fehaciente" sobre el proyecto minero, según IU, Ruiz Salmón aseveró que el Gobierno de Cantabria "no puede esperar ni un minuto más para dar explicaciones públicas sobre lo que se quiere hacer en la mina".

"Si no lo hace por un mínimo respeto a los cántabros a los que se debe, ahora lo tendrá que hacer porque se lo exigen las instituciones europeas", manifestó el dirigente de IU

En su intervención, Ruiz Salmón expuso los "déficits normativos" de Cantabria para albergar esta actividad económica, incluyendo la "preconstitucional y obsoleta Ley de Minas española", de 1973, la ausencia de un Programa autonómico de Investigación Minera o de un Plan Regional de Ordenación del Territorio y la modificación "ad hoc" de la Ley del Suelo a la par que se tramitaba el Tratado de Libre Comercio con Canadá (conocido como "CETA") y se adjudicaba el permiso a la canadiense Emérita Resources.

Asimismo, llamó la atención sobre los impactos negativos "demostrados empíricamente" que la minería tiene sobre otras actividades como la agricultura, la ganadería, el comercio, la hostelería y el turismo "tan arraigados en Cantabria".

Con estos argumentos, IU consiguió "el posicionamiento" de la UE que, según dice, "pedirá ahora al Gobierno cántabro toda la información necesaria para seguir profundizando, sin posibilidad de negación de información por parte del Ejecutivo autonómico".