El exalcalde ha comentado que las acciones presentadas ante los medios de comunicación por la actual regidora, Patricia Hernández, no son originales, al tiempo que su titularidad corresponde a la justicia.

Bermúdez recuerda en un comunicado que el pasado 29 de marzo, justo un día después de conocerse la firmeza de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, dictó una instrucción por la que ordenaba a la asesoría jurídica municipal continuar con todas aquellas actuaciones necesarias, "por sus propios medios o con asistencia técnica de terceros, para dar cumplimiento a las sentencias en relación a la compra del frente de la playa de Las Teresitas".

En esa línea, agrega que "esa instrucción reiteraba lo dispuesto en otra, dictada en abril de 2017, justo el mismo día de notificarse la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el particular, y ambas formaban parte de las actuaciones de los dos últimos años en relación a este asunto, para salvaguardar el interés general de los chicharreros".

De hecho, apunta, "ambas fueron dictadas inmediatamente después de conocerse cada una de las sentencias".

El presidente del grupo municipal nacionalista hace hincapié en que "siempre" han estado al lado de las decisiones judiciales, "como no puede ser de otra manera, facilitando y sumando a cuantas acciones ha emprendido la Fiscalía y con absoluto respeto al asesoramiento de los servicios jurídicos municipales, que para eso están, que siempre indicaron los tiempos y las formas".

Y en particular, destaca, a la solicitud de medidas cautelares planteadas en su momento por el Ministerio Fiscal para asegurar la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento.

Precisamente, comenta que el acuerdo recogió que el importe afianzado por los condenados (26.010.132 euros) no garantizaba el pago de las responsabilidades civiles impuestas, dado que era menor que el importe de la indemnización civil fijada en la sentencia (52.588.156,85 euros) y de los intereses correspondientes (9.159.884,67 euros).

MEDIDAS CAUTELARES, "LO MÁS PRUDENTE"

En esa dirección, el Ministerio Fiscal solicitó -acción respaldada por el Ayuntamiento- que se requiriera a todos los condenados para que, en el plazo que fijara el tribunal, designaran "bienes realizables que sean suficientes para garantizar el pago de la totalidad de indemnizaciones a cuyo pago se les condena en la sentencia dictada, acordándose la práctica a tal fin de las valoraciones o tasaciones precisas".

La Fiscalía también propuso en ese momento que subsidiariamente y para el caso de que no se cumpliera el anterior requerimiento, o para el caso de que los bienes designados fueren insuficientes, se acordaran medidas como el bloqueo y retención de activos financieros o el embargo de bienes muebles o inmuebles que estuvieran a nombre de los condenados, de forma directa o indirecta.

Bermúdez sostiene que "la estrategia municipal de solicitar medidas cautelares, una vez conocida la sentencia de la Audiencia Provincial, fue la opción más segura y prudente, en tanto aquella aún no era firme".

EL RELATO "NO SE LO CREE YA NADIE"

En ese momento, expone, "se descartó solicitar formalmente la ejecución de la sentencia, puesto que si el Tribunal Supremo hubiera atendido el recurso de los afectados, el Ayuntamiento se hubiera visto obligado a devolver las cantidades previamente ingresadas, más los intereses del 3% y posibles reclamaciones por daños y perjuicios".

En cuanto a la posible venta del edificio que ocupa la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, subraya que "en enero de este mismo año, el Ayuntamiento dio instrucciones a sus servicios jurídicos para que informaran al Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz, que instruía el denominado 'caso Las Teresitas', sobre la venta millonaria de un edificio por parte de uno de los condenados en esta causa, el empresario Antonio Plasencia".

De esta forma, el anterior equipo de gobierno se anticipaba y pretendía que el órgano judicial "tuviera en cuenta la existencia de esa cantidad de dinero en caso de que la sentencia judicial del Supremo fuera firme en su condena a Antonio Plasencia y al también empresario Ignacio González, que debían indemnizar al Ayuntamiento con 52,5 millones de euros, más los intereses".

"Este desmesurado afán por presentar como originales y propios resoluciones o procedimientos correspondientes a los juzgados, además del acostumbrado relato de que antes del actual equipo de gobierno no se hizo nada en Santa Cruz, no se lo cree ya nadie, y menos los vecinos y las vecinas del municipio, que depositaron en las urnas el apoyo mayoritario a modelo de gestión", indica Bermúdez.