Los tres partidos de la oposición -que suman 14 diputados, frente a los 21 que tienen regionalistas y socialistas- han coincidido en que la conocida como 'ley de acompañamiento' no hace "nada" para reactivar la economía y el consumo a través de una rebaja fiscal. Además, han alertado de la reforma de 19 normas autonómicas a través de esta ley, cinco de las cuales apenas llevan un año en vigor.

Frente a ello, el Gobierno ha defendido las "pequeñas modificaciones" en el sistema tributario de Cantabria, donde no hay "opresión fiscal", tal y como ha asegurado la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, que ha negado que la región sea "un infierno fiscal, sino todo lo contrario".

En cualquier caso, ha señalado que "lo importante son las necesidades sociales a cubrir con los impuestos que se recaudan", esto es, la educación, la sanidad, la dependencia, las pensiones, la justicia o el orden público. "Son necesidades que tenemos que satisfacer y estamos obligados a recaudar para dotar a las personas de una vida digna", ha esgrimido al respecto.

En su comparecencia, Sánchez ha repasado las "pequeñas modificaciones" del Ejecutivo regional en el sistema tributario, en impuestos propios y cedidos, con las que -ha dicho- se "asegura la suficiencia" financiera de la Comunidad.

Además, las medidas planteadas ayudan al desarrollo económico y social de la región, ya que según la dirigente socialista "benefician particularmente a colectivos que han de ser objeto de especial protección".

En este sentido, ha destacado como novedad las deducciones en el IRPF a quienes residan en zonas rurales con riesgo de despoblamiento.

OPOSICIÓN VE SUBIDA IMPOSITIVA

Por su parte, la oposición ha acusado a PRC y PSOE de no incluir "ni una sola medida fiscal" para revertir la situación económica actual ni tampoco "la más mínima bajada de impuestos tan necesaria en estos momentos".

De hecho, PP y Cs creen que incluso se lleva a cabo una subida impositiva a través del aumento de los límites para acceder a todas las deducciones, que "dificulta" beneficiarse de ellas, algo que, según han dicho, afecta de forma negativamente a las clases medias.

Así, los 'populares' han criticado esta subida "indirecta" y el partido naranja ha acusado al bipartito de intentar llevarla a cabo de forma "cobarde", haciéndolo "de tapadillo": aumentando los límites para las deducciones.

Además, estos dos grupos se han quejado de la supresión de la deducción autonómica por ayuda doméstica, que, según insisten, afecta a las clases medias.

"Los ricos no tiene que preocuparse por las deducciones", ha manifestado la 'popular' María José González Revuelta, que ha señalado que familias de clase media que trabajan los dos contratan a personas para que cuiden a sus hijos sin tener que dejar ninguno de ellos su carrera profesional. "No solo hace falta llenarse la boca con la defensa de la igualdad y la conciliación de la vida familiar y laboral sin tomar medidas reales y efectivas", ha aseverado.

Por su parte, Cs ha hecho alusión a las nuevas deducciones introducidas por el Gobierno para favorecer a los contribuyentes del mundo rural, las cuales ha tildado de "insuficientes", "rácanas", "poco ambiciosas" y a su juicio son "puro postureo".

En materia fiscal, el PP ha defendido que su modelo es "radicalmente distinto" al del PRC-PSOE y ha opinado que, en este proyecto de ley, el bipartito ha "perdido una oportunidad" para que el Gobierno deje de aplicar su modelo fiscal basado en subir impuestos y tasas que, a su juicio, "no ha funcionado en la pasada legislatura" y ha llevado a la comunidad "a la parálisis actual".

Para los 'populares', se tendría que haber implantado uno, y más ahora en un periodo de desaceleración económica, que sirva para "reorientar el futuro" de la comunidad y salir del "estancamiento" a través de bajadas de impuestos, que es lo que defiende el PP.

A juicio de esta diputada, en esta ley "no hay ni una sola medida fiscal para revertir esta situación, ni la más mínima bajada de impuestos tan necesaria en estos momentos", algo que también ha censurado Cs.

El PP ha defendido que bajar impuestos de forma "razonada" no solo "es posible" sino también "urgente" y ha subrayado, al igual que el partido naranja, que ello no significa menos recaudación "sino todo lo contrario": "más recursos" para el Estado del Bienestar al atraer inversión, aumento del consumo, combatir la economía sumergida y hacer de "dique de contención" del posible Gobierno PSOE-Unidas Podemos que negocian sus líderes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Los 'populares' han acusado al bipartito PRC-PSOE de usar la política fiscal como una "herramienta meramente recaudatoria" a través de la que "exprime" a los ciudadanos, quitándole dinero de sus bolsillos.

Mientras, Vox ha reprochado a regionalistas y socialistas que se dediquen a "rapiñar" ingresos a los cántabros -especialmente a los de entre 30 y 60 años, con rentas de 30.000 a 40.000 euros- porque les "llega para pagar la fiesta" que se han "montado" con sus "chiringuitos gubernamentales".

A juicio de su portavoz parlamentario, Cristóbal Palacio, la 'ley de acompañamiento' no hace "nada" para incentivar la economía, algo a lo que no se orienta "ni una sola propuesta", por lo que ha vaticinado que a finales del año que viene la situación será parecida a la de ahora y estará marcada por el "lento declive" de la economía cántabra.

En este sentido, cree que las modificaciones fiscales y administrativas introducidas de cara al próximo año harán que se "incremente la ralentización".

MODIFICACIÓN DE 19 LEYES AUTONÓMICAS

Fuera de los impuestos, la oposición también ha afeado al Ejecutivo que aprovechen esta ley de acompañamiento para modificar 19 leyes autonómicas, algunas "de calado" impidiendo e "eliminando" el debate sobre estas modificaciones.

Así, por ejemplo, se han referido a la modificación de la Ley del Juego para endurecerla. Sobre ella, los populares, han censurado que se haga sin buscar el "acuerdo político" en el Parlamento. "No estamos en contra de la modificación de esta ley, de su contenido, del cambio de distancias, pero sí en que este Gobierno nos prive de poder debatir y aportar a esta importantísima modificación", ha censurado González Revuelta.

Entre las críticas de Cs a estas reformas, la formación naranja se ha centrado sobre todo en aquella que elimina el carácter de excepcionalidad del ICAF a la hora de conceder préstamos para el sector privado.

A su juicio, el objeto de esta medida es dar "barra libre" al Instituto Cántabro de Finanzas para poder dar préstamos al sector privado "sin ningún control".

Cs ha enmarcado esta modificación en la "lucha de poder" entre los dos socios de Gobierno. Así, cree que con este cambio en la ley del ICAF los socialistas buscan tener una entidad pública con la que "jugar a ser empresarios" tras haber perdido el control de Sodercan, ahora controlado por el PRC.

Finalmente, Vox también ha considerado "escandaloso" que con esta ley se modifiquen 19, cinco de ellas que apenas llevan un año en vigor, y ha considerado "injustificable" que se hagan cambios "puntuales" de forma "permanente", según ha concluido.