Médicos, familiares de las víctimas y ex funcionarios denunciaron que algunos profesionales involucrados en esta investigación aplican la vacuna experimental sin facilitar suficiente información previa a los padres, utilizan recursos públicos y "no incorporan testigos imparciales durante el trámite de aceptación", tal como exigen las normas sanitarias.

"Lamentamos los fallecimientos"

Desde el inicio de la tercera y última fase de la investigación, el año pasado, han muerto 14 bebés en el norte argentino -dos en San Juan, cinco en Mendoza y siete en Santiago del Estero-, donde más del 34 por ciento de la población vive bajo el umbral de pobreza.

"Lamentamos los fallecimientos que se han producido en el marco del estudio", señaló el laboratorio, que destacó que las víctimas fueron evaluadas "exhaustivamente", tuvieron "un diagnóstico médico concreto" y no se hallaron casos relacionados con la vacuna. Además, según GSK, se observó "una reducción significativa" de la mortalidad en los participantes comparada con el índice de mortandad infantil del país.

"En Santiago del Estero hay un reclutamiento no ético: se aprovechan de madres pobres a quienes no les dicen que sus hijos van a ser sometidos a un protocolo, las hacen firmar sin leer e incluso las amenazan si quieren abandonar el estudio", denunció el presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de Argentina (Fesprosa), Jorge Yabkowski.

La polémica llevó a los diputados Hugo Perié y Fabián Peralta a solicitar informes al Gobierno sobre las denuncias realizadas y los controles de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), encargada de regular la investigación médica.