Diversos juzgados gallegos tramitan al menos 50 denuncias contra el gerente de una inmobiliaria de Catoria (Pontevedra) como presunto autor de estafa y apropiación indebida, por supuestos cobros por casas que no construyó, según fuentes letradas, judiciales y de afectados consultadas por Efe.

Las denuncias fueron presentadas contra el gerente de la inmobiliaria 'Seiseme', Juan Iglesias Rodríguez, en su mayor parte ante el juzgado de Vilagarcía de Arousa, por su proximidad a la sede de la empresa, pero éste se inhibió en favor del juzgado de Pontevedra, donde se tramitó la primera denuncia, explicó el letrado Carlos Hermelo, de Cangas.

Según este abogado, y otros consultados, el "modus operandi" de la firma denunciada tiene elementos comunes en toda Galicia ya que ofrecía, a través de inmobiliarias intermedias, viviendas unifamiliares de al menos 90 metros cuadrados, con parcelas de unos 400 metros cuadrados a un precio final de 144.000 euros como mínimo y la mayor parte de los compradores pidió un "préstamo-puente".

El promotor aseguró a los compradores, según dijo el portavoz de los afectados de Ourense Modesto González, que no tendrían que pagar nada hasta que tuviesen las llaves en mano "pero pidió una señal de 3.000 euros y luego una primera entrega que en mi caso fue de 28.000 euros, y hasta 35.000 euros para los que firmaron contrato después".

Algunos abonaron esa primera entrega en efectivo pero la mayoría pidió un "préstamo-puente" en dos entidades bancarias que centralizaron las gestiones "y aprobaron estos préstamos incluso después de que la empresa tuviese sentencias condenatorias por denuncias de trabajadores y proveedores desde finales de 2007", lamentó el también letrado Miguel Costa.

El promotor aseguró a los compradores que él se hacía cargo de las cuotas mensuales del préstamo pero, según el abogado, siempre aplicó la estrategia de pagar uno o dos meses, o ninguno, y los bancos reclamaron y cobraron cuotas a los compradores de la casa.

"Ahora estas familias están pagando un préstamo-puente de 28.000 a 60.000 euros en algunos casos, cobrados por Juan Ángel Rodríguez López, con pagos mensuales de hasta 1.100 euros y a cambio no tienen casa y tendrán que luchar para recuperar el dinero", agregó.

El abogado lamentó que mientras caen las denuncias contra la empresa promotora, las entidades prestamistas "siguen haciendo caja" con nuevos compradoresy criticó que el juzgado no ejecutase ninguna medida cautelar sobre todo tras comprobar "en todos los Registros de la Propiedad" que la inmobiliaria no tiene inscritos ni derechos ni bienes de ninguna clase, añadió.

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