La Audiencia celebra el viernes una vista por el amaño de contratos a Nimbus Publicidad, una pieza del caso Palma Arena

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra el viernes 15 de noviembre una vista previa al juicio por la pieza separada 16 del 'caso Palma Arena', que investiga el presunto amaño de contratos para adjudicarlos 'a dedo' a Nimbus Publicidad durante el Govern del PP de 2003-2007.
Pepote Ballester, en 2010.
Pepote Ballester, en 2010.
EUROPA PRESS - Archivo
Pepote Ballester, en 2010.

La Fiscalía acusa al exdirector general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester; el que fue gerente del consorcio para la construcción del Palma Arena -hoy renombrado como 'Velódromo Illes Balears'-, Jorge Moisés; y la exsecretaria general de la Conselleria de Vicepresidencia y Relaciones Institucionales, Jane King, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho.

La Fiscalía no acusa al expresidente del Govern, Jaume Matas, a quien la Abogacía de la Comunidad sí le imputaba un delito de prevaricación y fraude a la administración.

Además, en su escrito la Fiscalía incriminaba también al copropietario de Nimbus Publicidad, Miguel Romero, quien falleció en 2017 -por lo que se ha extinguido la responsabilidad criminal-.

La Fiscalía acusa a los procesados de haber participado en una trama para adjudicar a Nimbus distintos contratos menores saltándose la ley. Además, sostiene que el exgerente del consorcio recibía una parte del importe de los contratos adjudicados como pago al trato de favor. Esta cantidad se pagaba en metálico y a través de cestas de Navidad.

La acusación pública mantiene que la trama, para adjudicar los contratos 'a dedo', sin la debida concurrencia y publicidad, fraccionaba los contratos o utilizaba a otras empresas, todas ellas de Romero, para simular concurrencia. Estas adjudicaciones se hicieron desde la Conselleria de Vicepresidencia y desde la Fundación Illesport, adscrita a la Conselleria de Deportes. La Fiscalía contabiliza adjudicaciones por 335.000 euros.

Por estos hechos, la Fiscalía pide para los tres una pena de inhabilitación por diez años por el delito de prevaricación, y a Jorge Moisés le pide también cinco años de cárcel, una multa de 8.700 euros y otra inhabilitación para empleo o cargo público, por tiempo de siete años.

Además, le exige que indemnice a la Comunidad Autónoma con 20.000 euros por las cantidades que presuntamente habría cobrado por los amaños (la Fiscalía estima que de media, esta 'mordida' era de un 6 por ciento del importe de los contratos).

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