Según han denunciado, con estos incumplimientos "están permitiendo una pobreza laboral en un sector altamente feminizado y una atención insuficiente a las personas dependientes". Por todo ello, han anunciado que el próximo día 14 de diciembre se desplazarán a Madrid "para exigir que se cumpla con la ley".

La Federación de Empleados y Empleadas de Servicios Públicos (FeSP UGT-PV, y la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS CCOO-PV) han comenzado este jueves las movilizaciones "para reclamar más salario y reducir la jornada para el personal de dependencia".

Ambos sindicatos reclaman que los convenios de los trabajadores, tanto el que regula los centros de titularidad pública y gestión privada (residencias, ayudas a domicilio y atención a la mujer) como las residencias privadas "reflejen una subida de salario y una reducción de su jornada".

Según han explicado en un comunicado conjunto, los trabajadores del sector desarrollan un trabajo "muy duro con condiciones laborales muy precarias, jornadas demasiado largas, donde las ratios de personal son insuficientes y generan sobrecarga de trabajo y salarios bajos". Mientras tanto, los convenios colectivos de la atención a las personas dependientes en la Comunitat Valenciana "siguen pendientes y sin avances".

UGT PV y CCOO PV creen que es "urgente la dignificación laboral del sector" y piden a AERTE "que asuma su responsabilidad para que el sector de la dependencia sea un sector estable y de calidad para el empleo". El objetivo es que deje de ser "un sector precario y de paso para trabajadores y trabajadoras, para también garantizar la calidad asistencial a las personas mayores que residen en estos centros".

En la Comunitat Valenciana hay más de 15.000 trabajadoras en este sector, "altamente feminizado con más del 90% de los empleos ocupados por mujeres, con unas condiciones laborales muy precarias (muchas de ellas no llegan a cobrar los 1.000 euros al mes)". Por ello, exigen un "salario mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales", una propuesta que ya había sido consensuada en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, entre los agentes sociales (CCOO y UGT) y las asociaciones empresariales (CEOE y CEPYME).