El preocupante aumento de las casas ilegales en España: 'En el punto de mira' desvela las claves de su expansión

  • El programa se centra en locales comerciales transformados en viviendas y casas que incumplen la Ley de Costas. 
  • El fenómeno podría suponer grandes costes económicos y medioambientales.
  • 'En el punto de mira' se aproxima al veganismo
El programa 'En el punto de mira' (Cuatro) se centra en las casas ilegales.
El programa 'En el punto de mira' (Cuatro) se centra en las casas ilegales.
MEDIASET

En España hay cientos de miles de casas ilegales: locales comerciales transformados en viviendas, casas que incumplen la Ley de Costas o urbanizaciones asentadas sobre zonas protegidas que, actualmente, son resorts de lujo. Por ello, el programa En el punto de mira (Cuatro) dedicó este miércoles un reportaje a este fenómeno, bajo del título 'Casas ilegales'.

Algunas de estas viviendas cuentan con órdenes de demolición y sus propietarios ni siquiera lo saben. En este sentido, los reporteros Pablo de Miguel y Boro Barber viajaron a distintos puntos del país para poner la lupa en un problema que podría haberse extendido por toda la península.

La primera parada se produjo en Fuerteventura (Islas Canarias). Las presuntas aberraciones urbanísticas señalan al ex alcalde de La Oliva como principal responsable, Domingo González, que defendió ante los periodistas que todas las construcciones, ahora declaradas ilegales, eran “necesarias”. Nunca nadie le plantó cara a González: su arma siempre fue la coacción.

El siguiente destino fue el antiguo mercado de Fuencarral (Madrid). Los bajos comerciales de este espacio desaparecieron para dar lugar a casas reformadas que no entran en el marco de la legalidad, según la normativa municipal. Uno de los inquilinos mostró su piso a los reporteros y confesó que, hasta ese momento,  desconocía que la casa no fuera habitable.

Finalmente, los reporteros viajaron a Benidorm (Alicante), donde las torres denominadas 'Los gemelos', con apartamentos en primera línea de playa, también han sido declarados ilegales. Los edificios cruzan la zona de dominio público, por lo que incumplen la Ley de Costas. Por ello se planea su demolición, aunque esta podría tener graves consecuencias medioambientales.

Si los edificios se derrumbaran, se construiría después una única torre de 42 plantas, dejando libre la zona de servidumbre; pero esto costaría un total de 180 millones de euros y supondría una catástrofe natural, ya que se destruirían los fondos marinos. Además, las torres se encuentran junto al parque natural de Serra Gelada, donde habitan mas de 400 especies vegetales y 1.000 animales, que sufrirían los efectos del derrumbe. 

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