Font de Mora ha acudido este miércoles a declarar, en calidad de testigo, en el Juzgado de Instrucción número 18 de València por la pieza del caso Imelsa en la que se investiga el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de Ciegsa -mercantil encargada de la construcción de las infraestructuras educativas en la Comunitat-. En esta pieza están investigados, entre otros, el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, Caturla y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent.

El exconseller, quien ha estado declarando durante alrededor de una hora y ha respondido a preguntas formuladas tanto por el juez como por el fiscal, ha explicado que durante su mandato al frente de Educación nunca vio ni sospechó de ningún tipo de irregularidad. Así mismo, tampoco vio informes relacionados con las adjudicaciones de los colegios.

Ha narrado que fue él quien nombró a Caturla gerente de Ciegsa por cuestiones de "agilidad" y por "funcionalidad". Al respecto, ha explicado que, según sus antecedentes, era la persona adecuada para el puesto.

Así mismo, ha indicado que también lo nombró porque Caturla se llevaba mal con el que fuera gerente de Ciegsa Javier García-Lliberós, aunque no ha podido explicar quién le trasladó que existía este tipo de relación.

Al nombrar a Caturla, ha señalado que él se desentendió de las adjudicaciones y contratos de los colegios, con lo que las órdenes de los mismos las daba el responsable Ciegsa, en quien confió para esta labor.

Font de Mora ha expuesto que él personalmente nunca ha recibido ninguna presión para adjudicar ni para tramitar nada, ni por parte de políticos ni de empresarios, y ha puntualizado que lo que sí había era una presión social por hacer colegios, porque hacían falta. Ha recordado que se hicieron hasta 200 centros. También considera normal el incremento del dinero pagado por la construcción de más colegios.

LA PIEZA

En esta pieza del caso Imelsa el juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad con la finalidad de favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dádiva.

Las irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una "finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa", Marcos Benavent, según contempla el instructor.