El Defensor de la Ciudadanía llevó el pasado marzo ante los políticos del Ayuntamiento de Palma el caso de "extrema necesidad", tal como explicó, de una mujer de Palma "con un alto grado de discapacidad física" que tenía que pagar una sanción de 1.500 euros porque su perro no había sido vacunado y mordió a una persona en la calle, según informa el Diario de Mallorca.

La señora no tenía dinero para hacerlo, ya que percibe una pensión de sólo 300 euros al mes. Además, había adquirido el perro debido a que le aseguraron que era "muy conveniente para estimular a su hijo", que tiene una deficiencia mental. Desesperada, solicitó ayuda al Defensor, Miquel Lladó, para poder pagar la multa a plazos.

Sustituir la sanción

Sin embargo, Lladó fue más allá y pidió ante la comisión de sugerencias y reclamaciones de Cort que le permitiesen sustituir la sanción por la realización de una actividad de carácter social.

Finalmente, durante la última comisión municipal, el equipo de gobierno informó de que "se ha eximido a la afectada de la sanción y de realizar un trabajo para la comunidad, atendiendo a sus especiales circunstancias", según indicaron fuentes de Cort. Asimismo, el consistorio mediará ante un veterinario para que pueda pagar la vacunación de su perro a plazos, tal como acordaron los políticos. tc.CONSULTA AQUÍ MÁS