En concreto, el Consistorio cogollero tiene 607 construcciones estimadas en suelo no urbanizable y tiene abiertos 232 expedientes para su normalización, según la información municipal recogida por la Junta en una nota de prensa.

Carazo y Lucena han acordado en la reunión celebrada este martes la creación de una mesa de trabajo entre técnicos de la Consejería y del Consistorio para desarrollar las medidas recogidas en el decreto ley y poder así "normalizar la situación de las viviendas no autorizadas en Cogollos de la Vega que cumplan los requisitos exigidos".

Esta mesa de trabajo se enmarca dentro de las acciones previstas por la Consejería de Fomento para ayudar a los ayuntamientos en la elaboración de los planes especiales. A esas mesas podrían incorporarse, además del ayuntamiento, los afectados o las asociaciones que los representen y, si fuera preciso por las características del asentamiento, representantes de otras consejerías.

Además, Marifrán Carazo ha informado al alcalde de Cogollos de la Vega de que, para hacer más ágil la aplicación del Decreto Ley, la Junta está atendiendo y respondiendo las preguntas de los particulares afectados y los responsables municipales a través de un enlace en su página web.

El decreto ley, que se publicó en el BOJA del 25 de septiembre y posteriormente fue convalidado en el Parlamento de Andalucía con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, trata de "integrar, normalizar y equilibrar el territorio andaluz, además de dar una respuesta clara a los dueños de estas edificaciones repartidas por toda la comunidad".

La consejera ha defendido unas medidas que "abren un camino de esperanza de miles de familias que tienen viviendas en las que no pueden acceder a servicios básicos como el agua y la luz" y reducen "los efectos negativos que los vertidos o tomas de agua incontroladas generan sobre el medio ambiente".

Además, ha destacado que el decreto ley no supone una amnistía y que se vuelca en dos cuestiones: la protección ambiental y la simplificación de los trámites. Asimismo, la consejera ha subrayado que la Consejería se va a volcar en la labor inspectora y en la ejecución de la disciplina urbanística.

Por el impacto medioambiental que conllevan las agrupaciones de viviendas irregulares y por sus consecuencias de salubridad para los propietarios, los responsables de la Consejería y la propia Carazo se han reunido con numerosas asociaciones de afectados y con representantes municipales.

En el mes de octubre, se han mantenido reuniones con alcaldes y técnicos municipales de todas las provincias para difundir el contenido de la nueva norma y resolver las dudas que pueden haber surgido desde su publicación. Según ha remarcado la consejera, el éxito del decreto ley dependerá de la voluntad de propietarios y gobiernos locales, de ahí que los haya animado a solicitar la declaración de Asimilado Fuera de Ordenación y a la elaboración de los planes especiales.