De este modo se ha referido la consejera al proceso de cierre de una residencia privada de Gijón en la que este miércoles dos inspectores de Servicios Sociales fueron agredidos por dos de los responsables del geriátrico.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y en respuesta a los medios de comunicación, Álvarez ha recordado que en 2018 la Consejería dictó una resolución que denegaba la autorización de entrada en funcionamiento de las instalaciones por no cumplir criterios de accesibilidad. Una decisión administrativa que fue ratificada en mayo de este año por los tribunales y que derivó en la inspección de oficio de este miércoles "para dar por cerrada la resolución".

"Seremos implacables para garantizar la calidad de la atención a personas mayores y defenderemos la actuación del servicio de inspección", ha dicho, apuntando que se derivarán consecuencias de las agresiones.

Asimismo, ha avanzado que la administración ofrecerá alternativas de alojamiento a los siete residentes para que sus familia puedan decidir su destino. Como opción, la consejera ha mencionado la Residencia Mixta de Gijón, que dispone de plazas.