En la iniciativa podrán participar ciudadanos a título individual y miembros de la sociedad civil organizada a través de entidades ciudadanas que contestarán a cuestiones que analizan la necesidad de refuerzo en medios personales, materiales, la implantación de nuevas tecnologías, la actualización formativa y de nuevas capacidades o el fomento de la mediación.

Con esta consulta pública se pretende tener una visión general de la realidad, problemas y necesidades del ámbito de la justicia en la Región de Murcia. Los datos servirán para elaborar y publicar un informe razonado de decisión donde se recojan las aportaciones ciudadanas que servirán para la elaboración de un Pacto Regional, que se remitirá a la Asamblea Regional.

La consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, ha señalado que "estamos convencidos de que el buen funcionamiento del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado, por eso no se puede pretender que la justicia funcione sólo a costa del esfuerzo personal que realizan jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justica. Es imprescindible tener buenos medios materiales. Hay partidos judiciales que necesitan unas instalaciones adecuadas porque algunas están obsoletas".

En este sentido, el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha recordado que la Región de Murcia es una de comunidades que presenta una mayor carga de trabajo y unas tasas más bajas tanto de jueces como de fiscales por habitante.

"Los murcianos tenemos asignados 10 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en Asturias disponen de casi 15 jueces por el mismo número de habitantes, 14 en Cantabria o 13 en Castilla y León. En cuanto al número de fiscales, somos la comunidad que presenta una ratio más baja de toda España, con un fiscal por cada 23.846 habitantes", ha señalado.

PACTO POR LA JUSTICIA

El Ejecutivo regional ha constituido una secretaría técnica para el seguimiento del Pacto por la Justicia bajo la coordinación de los consejeros de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, y de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros.

En cuanto al proceso de elaboración del Pacto, además de la consulta pública, hay prevista una agenda de 15 reuniones con diversas entidades de los ámbitos académico, jurídico, sindical, administrativo, empresarial y social.

En total hasta 47 colectivos de diversa índole que recogen una visión integral de la sociedad y con los que se pretende aportar una visión sobre el funcionamiento del sistema judicial en nuestra Región, sus carencias y necesidades.

Se espera que para el próximo mes de diciembre se puedan presentar los resultados del proceso participativo tras las distintas consultas realizadas.