En una vista previa, los abogados de las familias de las víctimas solicitaron prácticamente las mismas pruebas que en el juicio anterior, que se celebró en enero de 2006. La Audiencia Provincial de Zaragoza anuló este proceso civil porque consideró que no se emplazó correctamente a la compañía Chapman Freeborn, contratista del avión siniestrado.

"Seguimos confiando en el sistema judicial y creemos que se va a repetir la primera sentencia, que ya nos era favorable", ha asegurado el presidente de la asociación de agrupa a las familias de las víctimas del Yak, Miguel Ángel Sencianes.

El abogado de esta empresa, Luis Alberto García, y los de las otras dos compañías implicadas, Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air) y Busin Joint-Stock Insurance, solicitaron numerosas pruebas y prácticamente todas ellas han sido aceptadas por la jueza.

En declaraciones a los medios de comunicación, uno de los abogados de las familias, Eudaldo Vendrell, ha explicado que la argumentación o estrategia de las tres empresas se basa en que el vuelo era militar. Según la defensa en este proceso lo que se discute "no es materia civil, sino administrativa", teniendo en cuenta que "las víctimas eran militares y cumplían órdenes y por tanto no hay responsabilidad de las empresas, sólo del estado".

El primer juicio civil por este caso se celebró en una sala especial habilitada en la Feria de Zaragoza los días 24 y 25 de enero de 2006. Las familias solicitaron unos 60 millones de euros en indemnizaciones a las tres compañías, aunque finalmente Ángel Dolado condenó a las tres empresas a pagar una indemnización global de más de 10 millones de euros a los familiares.

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