"Han tardado demasiados años, pero las decisiones judiciales y administrativas han terminado dando la razón a las organizaciones que desde comienzos de siglo vienen denunciando que las obras de construcción de un macropuerto para 900 embarcaciones, urbanización y otras infraestructuras asociadas en la caleta del Estacio, en la vertiente mediterránea de La Manga, eran ilegales".

El argumento esgrimido por el Gobierno regional para acordar la caducidad "por la no iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente", es el mismo que ANSE planteó a comienzos de siglo en sus escritos al entonces presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, para que no autorizaran el reinicio de las obras, exponen las organizaciones en comunicado de prensa.

La acción de protesta conjunta realizada a finales de enero de 2005 por voluntarios de Greenpeace y ANSE paralizando las obras durante 30 horas provocó la interposición de una demanda judicial por el Ministerio de Medio Ambiente. La sentencia de dicha demanda confirmó la ilegalidad de las obras autorizadas por la Comunidad Autónoma, recuerdan ANSE y Greenpeace.

Así como que las obras de Puerto Mayor eran "ilegales" porque "fueron realizadas según un proyecto de puerto deportivo que nunca fue tramitado y aprobado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia". En su día la empresa Puerto Mayor contaba con concesión administrativa para la construcción del puerto deportivo otorgada por el Consejo de Ministros en 1975, "pero dicha concesión caducó en 1988 sin que se realizara obra alguna".

LUCHA JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y SOCIAL

El director de ANSE, Pedro García, ha manifestado que "la anulación definitiva de la concesión para construir un gran puerto deportivo y urbanización en la Caleta del Estacio, después de una larga lucha judicial, administrativa y social de las organizaciones de defensa de la naturaleza y algunos responsables políticos, nos brinda la oportunidad de cambiar la historia de destrucción de La Manga y el entorno del Mar Menor por una nueva etapa de recuperación de los paisajes y la biodiversidad, que terminará beneficiando también a las personas, al turismo y a un modelo económico más sostenible".

Añade que el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, autorizó en el año 2003 la realización de las obras de Puerto Mayor existentes en la actualidad y que correspondían a un nuevo proyecto presentado por la empresa en 2001, "sin que el mismo contara con aprobación de la Comunidad Autónoma". Estos hechos "motivaron que ANSE presentara denuncia contra Alvarado por la comisión de dos supuestos delitos de prevaricación y contra los recursos naturales y el medio ambiente ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia".

La Fiscalía hizo suya la denuncia de ANSE, lo que motivó que el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Murcia procesara a Alvarado por un delito de prevaricación. "El director general no ha llegado a ser condenado por estos hechos al incurrirse en un defecto de forma en la tramitación del proceso judicial", incide la organización ecologista.

ANSE y Greenpeace presentaron diferentes escritos e iniciativas para acabar definitivamente con el proyecto de Puertomayor y evitar la reanudación de las obras, la última en julio de 2017 contra el "proyecto de conservación, mantenimiento y comprobación del tablestacado existentes en las instalaciones de Puerto Mayor, T. M. de San Javier" promovido por Puerto Mayor, S.A.

El Gobierno regional no había cumplido hasta ahora el acuerdo de la Comisión de Infraestructuras de la Asamblea Regional de Murcia de 15 de febrero de 2017, instando al Gobierno regional a que "reponga la zona del denominado proyecto de Puerto Mayor a la situación anterior al 16 de diciembre de 1988, declarando la caducidad de la concesión administrativa concedida a Puerto Mayor, S.A, y reparando los daños medioambientales causados en la zona".

Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace España, ha indicado que "confiamos en que la afirmación del consejero de Presidencia de que se trata del portazo final a un proyecto que no responde al modelo de desarrollo que queremos para nuestro litoral sea cierto, y no conlleve ninguna iniciativa posterior del Ayuntamiento de San Javier ni de la empresa por llevar a cabo otro proyecto de puerto sobre la zona como ha anunciado en diversas ocasiones el alcalde de esta localidad del Mar Menor".

ANSE y Greenpeace entregaron en agosto de 2017 a la Comunidad Autónoma 22.000 firmas de apoyo a la propuesta de restauración de Puerto Mayor, instando al Gobierno regional a la restauración de la playa del Estacio afectada por las obras y las 25 hectáreas de arenales anexos, "con el fin de recuperar espacios naturales que también mejorarían la calidad de vida y el turismo en la zona, a la vez que mostraban su rechazo a cualquier autorización para continuar las obras".