Elena María Aramburu tiene una discapacidad del 87% reconocida por la Dirección General de Integración Social de Discapacitados de la Generalitat que le impide trabajar de forma convencional. Sin embargo, su condición de madre soltera con dos hijos a su cargo le obliga a ir de puerta en puerta para conseguir un empleo que les permita sobrevivir.

Según su testimonio el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Gobierno Central hacen caso omiso de su situación y "miran para otro lado". Cuando se anunció la Ley de la Dependencia sintió un gran alivio, que pronto se vino abajo.

Por ello, ha presentado una queja ante los Servicios Sociales para la atención de las personas en situación de dependencia en la Comunidad Valenciana y ha querido dejar constancia que desde enero no ha recibido "ninguna comunicación" sobre la valoración de su discapacidad.

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