Así, según se desprende del sumario del caso 'Tótem', Morales, siendo en el año 2006 alcalde de Totana, se interesó directamente por la gestión y aprobación de este plan, cerrando la operación de la comisión en septiembre de ese mismo año.

De hecho, el sumario revela que Morales se ofreció incluso para realizar labores prohibidas por su condición de funcionario público, como es el convencer, por un lado, a los propietarios de los terrenos, la mayoría agricultores; y, por otro, negociar con la citada empresa para llevar a buen puerto este proyecto urbanístico. Tampoco se descarta la posibilidad de que también pidiese comisiones a los dueños de los terrenos.

A su vez, se benefició de su cargo para gestionar toda la tramitación administrativa de la modificación del Plan General para incluir este proyecto urbanístico en el mismo y tras influir en la propia corporación para que aprobase, inicialmente, el plan y para su posterior aprobación provisional como trámite previo para su aprobación definitiva en la Comunidad, donde se tiene constancia de que tenía sus "influencias políticas", conducta que, según lo investigado, ha mantenido en continuo una vez que dejó de ser alcalde.

En este marco, Morales llegó a dirigir los diferentes pasos a seguir como "cabecilla" indiscutible y "capitán de mando", de modo que acordaba encontrarse con su amigo Gabriel Martínez -dueño de 'Huevos Maryper'- y los intermediarios Joaquín Carmona y José Antonio Alcántara.

De hecho, fijó él mismo el importe de la comisión que solicitaría a Manuel Nuñez; una cantidad que oscilaba entre tres y 3,6 millones de euros. El máximo responsable de Inmonuar tenía conocimiento de ello a través de sus intermediario Pablo Maceira; mientras que el representante de Morales sería Gabriel Martínez.

No obstante, la cantidad final que se fijó fue de 3,6 millones debido a que se tenía que firmar un documento notarial en reconocimiento de deuda a nombre de 'Nubia Inversiones', empresa de Joaquín Carmona, en el que se ponía que se abonaría al publicarse la aprobación del Plan. Esta empresa pantalla fue elegida para el pago de la comisión.

El acuerdo verbal, sin embargo, consistía en pagar un 25% a la firma del convenio urbanístico, otro 25% a la aprobación provisional del Plan General, y el 50% restante a la aprobación definitiva.

La solicitud de Morales que Gabriel Martínez transmitió a Carmona se produjo cuando éste se encontraba reunido en su vehículo con Pablo Maceira y Alcántara. Así, Maceira escuchó la propuesta y se la dio a conocer, vía móvil, a Núñez, quien dio el visto bueno. El acuerdo consistía en que los 3,6 millones se repartirían de la siguiente forma: 1,2 millones para Morales, 1,2 millones para Gabriel Martínez, y 1,2 millones para Carmona y Alcántara.

Por contra, la aprobación del Plan General se dilataba -en particular porque Alcántara y Carmona rompen su sociedad de forma nada amistosa, lo que complicaría el cobro de la cantidad acordada por medio de Nubia Inversiones-, por lo que Morales dejó de ser alcalde en las pasadas elecciones municipales; una cuestión que no le produjo cierto desinterés en el tema, sino todo lo contrario, ya que concertó, a iniciativa suya, una reunión en Vigo, en la sede de Inmonuar. A la misma asistieron Morales, Gabriel Martínez y Alcántara, éste último como intermediario que le servía de enlace con Núñez.

Y es que, Alcántara, aprovechando su amistad con Gabriel Martínez, contactó con Morales y éste y organizó el viaje a Vigo para articular con Núñez un nuevo modo de percibir la comisión pactada que anulase el documento en poder de Carmona a nombre de Nubia Inversiones.

De igual modo, Gabriel Martínez, por medio de negocios familiares, conocía anteriormente al director general de Nuaria, José Antonio Carrocera, y ante lo delicado de la operación, Núñez decidió que fueran ellos los que contactasen entre sí y ultimaran los detalles del cobro de la compensación.

No obstante, al no ponerse de acuerdo en los término de pago, Martínez utiliza a Alcántara para acceder directamente a Núñez y lo presionara para que reconvenga a Carrocera y reconduzca su posición.

La razón de este viaje fue el concretar la forma de pago de la comisión que ya había pactado siendo alcalde con Núñez. En concreto, se acordó que la comisión original de 3,6 millones se rebajaba a 3 millones, siendo 1,2 millones de entrega inmediata y 1,8 a abonar cuando se aprobase el Plan General o cuando vendiesen los terrenos por Inmonuar a un tercero.

Desde su nueva posición de diputado, Morales se sigue aprovechando de su condición de servidor público con influencias en la Administración --al ser miembro de la Comisión Parlamentaria de Ordenación del Territorio, encargada del urbanismo-- para seguir haciendo ver a Núñez que aún conserva cierta influencia sobre el particular.

Malas relaciones entre los alcaldes.

De todos estos hechos, era conocedor el que fue nombrado alcalde tras las últimas elecciones de mayo de 2007, José Martínez Andreo, que anteriormente ocupó el cargo de concejal de Obras Públicas.

El sumario pone de manifiesto que Martínez Andreo reconoció haber tenido una reunión en el Parador de Albacete donde el intermediario en procesos de compra-venta de terrenos, Emiliano Ovide, pudo constatar que éste conocía las "andanzas" de Morales.

Al mismo tiempo, se prueba que, al menos indiciariamente, Martínez Andreo, una vez que obtuvo la alcaldía, al considerarse como máximo responsable del Consistorio, debía ser él que cobrase la citada comisión, tratando de dejar fuera a Morales.

Esta cuestión se recoge en la conversación telefónica que el alcalde mantuvo con Juan Francisco Casanova --que actuaba como representante suyo--, en la que hablan de quedar con Maceira como representante de los 'gallegos' y que se van a repartir "algo" sólo entre ellos dos, que no se lo deben comunicar a nadie, ni siquiera a sus propias mujeres, y que debe quedar claro a los 'gallegos' que Morales "debe quedar fuera, desmarcarse total de él".

Sin embargo, en las declaraciones tanto del alcalde como de su representante, ninguno ha dado una explicación coherente al contenido de esta conversación, cayendo ambos en contradicciones. Se apunta que es posible que ya hayan solicitado o aceptado el cobro de la comisión ilegal.

Todos estos hechos tuvieron su origen en una grabación realizada a Ovide por parte de Alfonso Martínez Baños, la cual finalmente motivó una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

Al parecer, la negociación a la que alude Ovide se fraguó en dos etapas: una primera, en la que él estaba como negociador; y una segunda, donde entraron en juego Alcántara y Carmona, quienes negociaron con Maceira, que por esas fechas desarrollaba funciones de gestor de suelo de Inmonuar S.L., y con el que, finalmente, Morales cerró el acuerdo y momento en el que Núñez dejó fuera de la intermediación a Ovide.

El sumario destaca que la relación entre Martínez Andreo y Morales, tanto personal como política, estaba muy deteriorada llegando incluso a acceder Andreo a la alcaldía pese a que Morales quería seguir ejerciendo como primer edil.