El Ejecutivo de la UE ha dirigido a España un "dictamen motivado", segunda fase del procedimiento de infracción, en el que pide a España que acate la sentencia del Tribunal de Justicia europea, so pena de ser denunciada por segunda vez, lo que conllevaría la imposición de multas coercitivas.

Casi un año después de haberle sido requerida información sobre la ejecución de dicha sentencia, "las autoridades españolas aún no han presentado pruebas claras que permitan a la Comisión determinar si se ha reembolsado la totalidad de las subvenciones ilegales", afirma la CE en un comunicado.

"Problemas interesantes"

El vicepresidente del Gobierno y titular de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, afirmó que si finalmente impone a España una multa se plantearían "algunos problemas interesantes".

En declaraciones a los medios, Solbes anunció que sería la primera vez en la que se multa a un Gobierno por el incumplimiento de obligaciones llevadas a cabo por las diputaciones provinciales.

El ministro de Economía y Hacienda explicó que es un "problema" en el que el Ejecutivo está trabajando con el Gobierno vasco y añadió que han intentado que se dé la respuesta y las informaciones necesarias. En este sentido se mostró esperanzado para que al final se cumpla con lo que pide la Comisión Europea y no se llegue a la multa.