La letrada ha dicho que la mujer está jubilada con unos ingresos que, unidos a la manutención que le da su marido mensualmente, superan los 2.500 euros al mes, y en el momento de la separación, en 2002, ella se quedó en el piso que el ex marido tenía antes de casarse, mientras que una casa "privativa de la esposa" en la misma capital onubense estaba en alquiler, y posteriormente la vendió. Igualmente, ha mostrado unas actas de propiedad de una serie de fincas en una zona de Canarias, que la mujer habría adquirido con posterioridad a la separación.De esta forma, la letrada sostiene que la mujer tiene suficientes recursos económicos para contar con una nueva vivienda, además de indicar que
Ha indicado además que las dos partes llegaron a un acuerdo en 2003, recogido en el auto de medidas provisionales, por el que a los seis meses de liquidarse la sociedad de gananciales ella abandonaría el domicilio familiar, que era privativo del esposo y se trasladaría a otra vivienda, privativa de ella "o a donde tuviera por conveniente".
La mujer, identificada como M.M.R., ha dicho que el juzgado de Primera Instancia número 6 de Huelva ha dictado una orden de desahucio contra ella y su hijo de 11 años, para abandonar el domicilio al reconocérsele su propiedad. De esta forma, además de intentar que se paralice el desahucio, llevarán a cabo acciones paralelas para poder irse a Canarias, porque lo que quiere sobre todo es que su hijo "no se quede en la calle", aunque de forma paralela ha reclamado al Ayuntamiento de Huelva que le proporcione una vivienda mientras consigue el traslado.
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