¿Qué pasa si un musulmán tiene que suspender su tratamiento farmacológico porque es ramadán?, ¿qué se le puede recetar a un africano con un gripazo que rehúsa los antibióticos porque cree que desequilibran el sistema inmunológico?

Dilemas como éstos son los que afrontan día a día los 13 mediadores que dan el callo en la Comunitat: en los hospitales de Vinaròs, La Vila, el General de Alicante y Castellón -tiene 6-, el de La Plana, la Fe, el centro sanitario de Crevillent y el Ciudad Jardín de Sant Joan.

Tienen 732.102 pacientes potenciales (datos de extranjeros del INE a 1 de enero de 2007) sin contar otras minorías culturales (como los gitanos) o las cerca de 80.000 personas indocumentadas de la Comunitat, según la Conselleria de Inmigración.

Deich Moulay Ali trabaja en Crevillent hace dos años y en un día puede ayudar a más de 20 personas (en el ambulatorio y para el Ayuntamiento). «Intento hacer que médico y paciente se entiendan», cuenta, y añade que los «matices culturales» requieren un plus de comprensión por las dos partes. «A veces, los inmigrantes no entienden que se trate por igual a todos, ni las colas, algunos vienen de países donde reina el amiguismo», dice.

Inés Richarte. Responsable de la escuela de mediación social, intercultural de la Comunitat. Ceimigra

1 ¿La escasez de mediadores vulnera el derecho a la Sanidad? La igualdad de oportunidades de acceso y disfrute queda en entredicho si entre los criterios de calidad asistencial no se contempla la integración a la diversidad.

2 Algunos dirán ‘que se adapten los inmigrantes, ¿por qué nos tenemos que adaptar nosotros?'... La acomodación no ha de ser sólo de la Sanidad. La persona inmigrante tiene derecho y obligación de conocerlo y usarlo de forma responsable.

3 Los médicos suelen quejarse de que van a tope, ¿hay tiempo para la mediación? Sí, no en todos los casos hay entrevistas a tres, el mediador puede ser un asesor fuera de la consulta. Inmigrantes y profesionales demandan esta figura.

4 Entonces, ¿por qué sólo hay 13? Esta figura no está legislada, ni hay formación homologada y reconocida. Además, suscita recelos en algunos colegios profesionales. Llevamos reivindicándola 15 años. Cataluña, Madrid y Andalucía van por delante.

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