España cuenta con pruebas que aseguran que ABS ya detectó en 1996 en dos buques gemelos al Prestige los mismos fallos estructurales que llevaron al hundimiento del petrolero en noviembre de 2002 y con él al mayor desastre medioambiental de la historia de España.

Con estas pruebas en la manga, la Abogacía del Estado intenta lograr una indemnización superior a los 1.000 millones de dólares (637 millones de euros). La misma suma que le ha costado a España el siniestro.

España ha recurrido

El País explica que la Abogacía del Estado ha centrado en la compañía ABS la acusación porque " era la única entidad vinculada al desastre que no está cubierta por el convenio antivertidos, que obliga a indemnizaciones tasadas. Por esa vía, España sólo va a cobrar unos 100 millones de dólares y (...) no podía arrancar ni un euro por encima de la indemnización automática pactada".

En este momento el juicio contra ABS que se celebra en Nueva York se encuentra en un momento delicado. Nueva York se ha declarado no competente para esclarecer este tema y "la Abogacía General del Estado ha recurrido esa decisión, y las pruebas que maneja han dejado de ser secretas", explica El País.