Díaz-Cano detalló en rueda de prensa que en la operación se identificaron en total, en la finca denominada La Humosa, a 73 personas, de entre las que se comprobó que 71 carecían del permiso de trabajo "y sólo tenían los papeles en regla las dos personas encargadas".

De los 73 trabajadores identificados, 26 eran rumanos, 21 búlgaros, 23 procedían de Mali y uno de Liberia, otro de Senegal y otro de Guinea.

Añadió, además, el delegado del Gobierno que las condiciones laborales en las que se encontraban, aprovechándose de ellos, es "una lacra que hay que evitar", porque el precio pactado por cada caja de ajos de 20 kilos recogida era de 1,80 euros.

"Si recogían una media de 20 cajas ganaban 36 euros, pero de cada caja el intermediario se llevaba 30 céntimos, por lo que de esa media se llevaba unos 6 euros, que multiplicados por casi las 80 personas que tenían trabajando era una importante cantidad que se llevaba sin mover un dedo", precisó Díaz-Cano.

Asimismo, en la comparecencia ante los medios, el delegado del Gobierno dio cuenta de otra operación reciente, realizada también en la provincia de Albacete, y en la que se han detenido a cinco personas por varios delitos de estafa y fraude contra los derechos de los trabajadores.

Según detalló, eran miembros de una red que se dedicaba a vender ofertas de trabajo fraudulentas entre inmigrantes, a través de la empresa Agromar Trading SL, constituida en mayo de 2006.

El delegado del Gobierno insistió en el mensaje de que "en Castilla-La Mancha es necesario tener un contrato de trabajo para poder realizar faenas agrícolas". En ese sentido, dio a conocer que, en la región, en 2007 se concedieron cerca de 18.000 permisos de trabajo para contratos en la campaña de la vendimia, de los que "cerca de 2.000" fueron en Albacete.

En ese sentido, concretó que desde principios de mayo hasta hoy, han sido identificados más de 500 trabajadores del campo en esta provincia para evitar contrataciones ilegales.

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