El Gobierno ha denegado el indulto al ex conseller y ex alcalde de Orihuela (Alicante), Luis Fernando Cartagena, condenado en 2002 a cuatro años de cárcel por apropiarse de una donación de 49.000 euros que la congregación religiosa que administraba el Hospital Municipal San Juan de Dios donó al Ayuntamiento, según fuentes judiciales.

La Audiencia de Alicante deberá decidir ahora sobre el ingreso en prisión de Cartagena, que ha esperado la resolución del indulto en libertad.

La denegación del indulto, que ya ha sido notificada a la Fiscalía de Elx (Alicante), se produce cuatro años después de que Cartagena tramitara la petición. Precisamente el pasado lunes, 26 de mayo, la Fiscalía pidió la "ejecución inmediata" de la condena de cuatro años de prisión.

La Sección Séptima de la Audiencia de Alicante dictó el pasado mes de noviembre una providencia, en la que le daba seis meses para que resolviera la petición del indulto, plazo que se cumplió el pasado 20 de mayo. El tribunal había suspendido el ingreso en prisión a la espera de que el Gobierno decidiera si se lo concedía o no.

Así, seis días después de que se cumpliera el plazo la Fiscalía, que se ha manifestado en varias ocasiones en contra de que se le otorgara el indulto, presentó un escrito pidiendo la "ejecución inmediata" de la condena.

El ex conseller fue condenado en 2002 a cuatro años de prisión por apropiarse de una donación de 49.000 euros de una congregación religiosa que administraba Hospital Municipal San Juan de Dios. Posteriormente, contó con la complicidad del empresario Angel Fenoll, condenado a un año de cárcel en el mismo proceso, quien emitió facturas falsas para justificar el desvío del dinero. Dos años después esta condena fue ratificada por el Tribunal Supremo.

Tiene otro juicio pendiente

Por otro lado, hace unos quince días un juzgado oriolano decretó la apertura de juicio oral contra Luis Fernando Cartagena por el denominado caso de las primas únicas. Además, el fiscal ha pedido el embargo preventivo de los bienes del ex conseller para garantizar el pago de esa cantidad. El fiscal anticorrupción de Alicante presentó su escrito de calificación inicial con una petición de tres años de cárcel por un supuesto fraude fiscal de 310.000 euros.

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