El proyecto promovido por el equipo de Gobierno local (PP) era bueno y fue aplaudido y apoyado por toda la ciudad, pero al final se ha quedado en utopía al perder todo el carácter social. Es lo que pasa por vender la piel del oso antes de cazarlo.

El Ayuntamiento ha rubricado un informe que da al traste con las pocas esperanzas de las personas que habían resultado agraciadas en mayo de 2007 con una VPO de alquiler y que denunciaron condiciones «ilegales».

Las cuatro promociones que sumaban 544 pisos, dirigidos en su mayoría a jóvenes y personas con pocos recursos, se publicitaron como alquileres chollos, pues las rentas oscilarían entre los 200 y los 500 euros, como declaró poco antes del sorteo el alcalde, José Torres Hurtado.

Sin embargo, la realidad es bien distina: los inquilinos que ocupan las ya famosas VPO (algo más de la mitad) pagan el doble de lo prometido, unos mil euros mensuales el primer año, una cuantía bastante superior a lo que puede salir un arrendamiento medio en el mercado libre.

Un ejemplo tipo: al alquiler (480 euros), hay que sumarle la comunidad (50 euros), la renta del garaje (20 euros) y el trastero (20 euros), los gastos por tramitación bancaria (40 euros) y el aval (entre 5.000 y 6.000 euros que algunas promotoras exigen que sean depositados de golpe, frente a otras que ofrecen la posibilidad de repercutirlo en las mensualidades).

Suelo ventajoso

Para las personas que han tenido que renunciar a los pisos por dichas condiciones, lo grave es que el Ayuntamiento vendió esas parcelas a un precio inferior ya que iban a ser destinadas a viviendas públicas", lamenta Judith Gallego.

Por su parte, la edil de Urbanismo , Isabel Nieto, esbozó ayer el procedimiento seguido por el Ayuntamiento desde que se desató la polémica. "Intentamos que las promotoras no cobrasen las fianzas pero como la ley les ampara lo único que conseguimos fue el compromiso de todas para cobrar los mismos avales que oscilarían entre los 2.500 y los 5.000 euros".

Según el informe que presentó, y tras "comprobar exhaustivamente" toda la documentación, el Consistorio concluye que, aunque en los pliegos no se recogiesen esos importantes detalles, "la duración de los contratos, prórrogas, extinción, fianzas y garantías" están sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, normativa que ampara a las empresas hasta para repercutir en los alquileres el impuesto del IBI.

Así las cosas, Nieto insiste en que todo se ha hecho acorde con la legalidad, teoría "que apoya la Junta de Andalucía", cuyos técnicos "han visado todos los contratos y comprobados que los pisos para discapacitados reúnen las condiciones necesarias", en contra de lo que han denunciado algunos adjudicatarios de los pisos reservados para las personas con movilidad reducida.

Por último, la edil achaca el entuerto a la "desinformación" de los solicitantes" o al exceso de información, porque en el sorteo se les pasó toda la documentación".