Para Pablo Molinero, católico y portavoz del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, "es evidente que en España cualquiera puede profesar la fe que desee o no profesar ninguna, pero hay que ir más allá", afirma. "Hay que concienciar a la opinión pública y a las instituciones de que el hecho religioso es positivo para la sociedad".

Carlos Grima, representante de la Unión de Ateos y Librepensadores, cree que sí hay libertad religiosa y de conciencia, pero lamenta que haya "una religión, la católica, que tiene unos privilegios enormes respecto a las demás creencias, incluyendo a los que no tienen ninguna".

¿Qué habría que cambiar?

"Desde el Observatorio abogamos por extender los derechos a todas las confesiones religiosas, no por restringirlos. Estamos de acuerdo con que haya más igualdad, pero no a base de recortes en este sentido", subraya Molinero.

Para Grima, en cambio, "el hecho religioso es algo estrictamente privado" que no debe recibir financiación por parte de l Estado. "Las religiones tendrían que equipararse a cualquier asociación civil y recibir subvenciones del mismo modo, es decir, mediante concurso". "También abogamos por una nueva ley que saque completamente la religión de las escuelas".

Afifi explica que en España hay 1.300.000 musulmanes, "la mayoría legales", pero lamenta que la gente los asocie con inmigración ilegal y delincuencia. "Somos ciudadanos que cumplimos los deberes, pero no tenemos los mismos derechos...ni en las cárceles, ni en los hospitales, ni en los cementerios.... sólo reivindico que se cumpla lo acordado".

¿Es entonces necesaria la reforma de la ley?

"La actual ya permite a todas las confesiones llegar a acuerdos con el Estado, construir templos, garantiza asistencia religiosa... por tanto, no le vemos sentido", explica Molinero, al tiempo que expresa sus temores de que dicha reforma pretenda en el fondo "recortar derechos".

Afifi discrepa: "Creo que nos va a dar la oportunidad de subsanar el déficit que tenemos". No obstante, subraya que no es posible auténtica libertad sin aceptación social. Grima, por su parte, aboga por una nueva ley "que deje fuera a la religión de los organismo públicos" y que permita a las distintas confesiones finaciación sólo privada.